Apenas 48 horas después de su entrada en vigor, la histórica reforma de la Ley de la Casa Imperial de Japón, que se ha estudiado durante más de dos décadas y se ha aprobado con el fin de asegurar la línea sucesoria en una familia real cada vez más pequeña, ya se enfrenta a su primer gran obstáculo legal. El reconocido dibujante de manga Yoshinori Kobayashi demandó formalmente al Gobierno japonés ante el Tribunal de Distrito de Tokio, alegando que el nuevo sistema de adopciones dinásticas viola de forma flagrante la Constitución del país. Con el respaldo legal del abogado Rintaro Kuramochi, Kobayashi exige la invalidez de la norma y una indemnización simbólica de un millón de yenes (unos 5.680 euros) por los daños y la "angustia emocional" que le ha causado ver cómo las autoridades ignoraban las advertencias de los expertos y el giro que ha dado su país.
© Getty ImagesLa demanda que recoge Japan Times argumenta que limitar de manera exclusiva la elegibilidad para entrar a la familia real a un grupo selecto de ciudadanos vulnera directamente el artículo 14 de la Constitución de Japón, el cual garantiza estrictamente la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por motivos de origen familiar. En una rueda de prensa en el distrito de Chiyoda, Kobayashi arremetió con dureza contra el nuevo marco legal: "Es un gran problema que se cree un nuevo sistema de clases. Creo que la igualdad es una fuente de orgullo para Japón".
© Getty Images¿En qué consiste el polémico sistema de adopción de varones?
La reforma aprobada por el parlamento en julio de 2026 y activada el pasado sábado 24 de octubre es en realidad un intento desesperado por frenar la crisis de extinción de la dinastía más antigua del mundo sin tener que otorgar derechos sucesorios a las mujeres. La ley sucesoria que rige en Japón no solo impide que las mujeres lleguen al trono, es que también ha impedido durante décadas que permanezcan dentro de realeza si se casan con un plebeyo, el caso más reciente es el de la princesa Mako, o que trasmitan sus derechos dinásticos a sus hijos. Este modelo que desecha a las princesas que primero formó para las más altas labores de representación del Estado es tan injusto que el propio sistema contempla una indemnización automática para ellas al ser expulsadas.
© Cordon PressLa consecuencia de este sistema durante generaciones ha hecho que la realeza nipona se encuentre en peligro de extinción. No cuenta con los suficientes miembros para cumplir con las funciones de representación del Estado y el trono en sí, el del Crisantemo, pende de un hilo finísimo. Tras el emperador Naruhito, solo hay dos herederos directos en la línea de sucesión: su hermano (el príncipe Akishino, de 60 años) y su sobrino (el príncipe Hisahito, de 20 años). Minentras la única hija del emperador, la princesa Aiko, está completamente excluida del trono.
© Cordon PressTras dos décadas en las que distintos paneles de expertos han pensado soluciones mientras Naciones Unidas les recordaban que su sistema es claramente discriminatorio para las mujeres, el Gobierno de Japón decidió revisar la ley de la Casa Imperial. Esta reforma permite que las princesas mantengan su estatus tras casarse, aunque sus maridos e hijos quedan fuera de la institución y, por otro lado, y aquí radica el motivo de la demanda que se acaba de interponer, se aprobó una vía para adoptar varones mayores de 15 años, solteros y sin hijos, que pertenezcan a las antiguas 11 ramas aristocráticas de la familia imperial.
¿Por qué se habla de un nuevo "sistema de clases"?
Las 11 ramas colaterales a las que alude la ley fueron despojadas de sus títulos nobiliarios y separadas de la familia imperial en 1947, durante la ocupación estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, sus descendientes han nacido, crecido y vivido durante casi 80 años como ciudadanos comunes de la sociedad civil, sin ningún tipo de sangre real reconocida por el Estado. El núcleo de la demanda constitucional de Kobayashi radica en que la nueva ley otorga un privilegio de sangre exclusivo y hereditario a ciudadanos específicos basándose únicamente en su linaje familiar de 1947.
© Getty imagesAl limitar la opción de adopción imperial a este grupo de hombres comunes y excluir al resto de la población civil, el demandante asegura que el Gobierno ha restaurado de facto una "nueva aristocracia" o un sistema de castas medieval para proteger la línea sucesoria masculina, vulnerando los cimientos democráticos de la igualdad japonesa. Según su punto de vista, el Gobierno ha fragmentado a los ciudadanos comunes en dos categorías: por un lado, los ciudadanos ordinarios sin derechos dinásticos; por el otro, un grupo selecto de civiles que, al amparo de esta nueva ley, reciben el privilegio legal exclusivo de poder convertirse en realeza, lo que rompería la la igualdad ante una ley que se creó precisamente abolir el sistema nobiliario del antiguo Imperio de Japón.
