Las comunidades de vecinos afrontan un cambio importante en materia de accesibilidad. La Ley de Propiedad Horizontal refuerza el derecho de las personas mayores de 70 años y de quienes tienen discapacidad a solicitar determinadas obras en los edificios sin necesidad de que la actuación dependa de una votación vecinal.
La medida afecta especialmente a actuaciones como la instalación de ascensores, rampas o la eliminación de escalones y otras barreras arquitectónicas en zonas comunes. El objetivo es garantizar unas condiciones mínimas de accesibilidad y facilitar la movilidad dentro de los edificios residenciales.
© Getty ImagesUn problema habitual en muchas comunidades
Durante años, numerosas obras de accesibilidad han generado tensiones entre propietarios debido al elevado coste económico que suelen implicar estas reformas. En muchos edificios antiguos, especialmente aquellos construidos antes de la generalización de los ascensores, las dificultades de acceso afectan de forma directa a personas mayores o con movilidad reducida.
Hasta ahora, algunas comunidades podían rechazar estas actuaciones si no se alcanzaban las mayorías necesarias en junta. Sin embargo, la normativa aclara que existen situaciones concretas en las que las obras pasan a ser obligatorias.
Cuándo la comunidad no puede negarse
La ley establece que las actuaciones de accesibilidad deberán realizarse cuando las soliciten personas con discapacidad o vecinos mayores de 70 años que residan, trabajen o presten servicios voluntarios en el edificio.
En estos casos, la comunidad no podrá bloquear las obras alegando falta de acuerdo vecinal. Además, tampoco será obligatorio someter la actuación a votación cuando se cumplan las condiciones previstas en la normativa.
La obligación incluye actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad universal, como la instalación de ascensores, plataformas elevadoras, rampas o adaptaciones en accesos y zonas comunes.
El límite económico que marca la ley
La obligatoriedad de las obras está condicionada a un límite económico concreto. Según recoge la Ley de Propiedad Horizontal, el importe repercutido anualmente a cada propietario, descontadas las ayudas públicas o subvenciones, no puede superar el equivalente a doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
Este aspecto resulta clave porque muchas comunidades afrontan estas reformas mediante derramas que pueden alcanzar cifras elevadas. Las ayudas públicas destinadas a mejorar la accesibilidad pueden reducir de forma importante el coste final que deben asumir los vecinos.
Una medida ligada al envejecimiento de la población
El cambio legal llega en un momento en el que la accesibilidad se ha convertido en una prioridad creciente en España. El envejecimiento de la población y la existencia de miles de edificios antiguos sin adaptar han puesto el foco en las dificultades que muchas personas encuentran para continuar viviendo de manera autónoma en sus viviendas.
En algunos casos, algo tan cotidiano como subir escaleras o acceder al portal puede convertirse en un problema diario para personas mayores.
La normativa busca precisamente evitar que las necesidades de accesibilidad queden paralizadas por desacuerdos internos dentro de las comunidades de propietarios.
Más calidad de vida y viviendas revalorizadas
Expertos del sector inmobiliario recuerdan además que este tipo de actuaciones no solo benefician a las personas mayores o con discapacidad. La instalación de ascensores y la eliminación de barreras arquitectónicas también incrementan el valor de las viviendas y mejoran la calidad de vida de todos los residentes.
Con esta actualización de la Ley de Propiedad Horizontal, la accesibilidad gana peso dentro de las prioridades de las comunidades vecinales y refuerza el derecho de muchos ciudadanos a vivir en edificios adaptados a sus necesidades reales.
