En contra de lo que desearía Carlos III y sin el apoyo financiero del Palacio de Buckingham, el príncipe Andrés, al que ahora llaman Andrés Mountbatten-Windsor en un intento de alejarlo de la institución y proteger a la jefatura del Estado, ha emprendido una batalla judicial con el propósito de limpiar su nombre. El que fuera duque de York y sus abogados han encontrado un error procesal en los registros que tuvieron lugar en sus casas, ambas residencias reales, el pasado febrero y por allí se ha colado la primera victoria judicial del príncipe que cayó en desgracia por su amistad con el condenado por tráfico sexual de menores, Jeffrey Epstein, y por la demanda civil acusándole de abuso sexual que interpuso Virginia Giuffre, un asunto que se cerró a golpe de talonario con un acuerdo extrajudicial en vida de Isabel II.
La primera victoria del príncipe Andrés: ¿Por qué se anularon los registros?
Es el tema del día en la prensa británica. La policía de Thames Valley ha admitido este jueves ante el juez Hilliard, del Tribunal Superior en el centro de Londres, que las órdenes de registro que se utilizaron para registrar los domicilios del expríncipe Andrés eran ilegales. De este modo reconocen un defecto en el procedimiento, ya que la ley británica exige un trámite específico más estricto cuando lo que se va a buscar son documentos oficiales y/o confidenciales. Hay que recordar que esta operación se desencadenó cuando la publicación de los archivos oficiales de Jeffrey Epstein (por parte del Departamento de Justicia de Estados Unido), revelaron correos, documentos y conversaciones que sugerían que el príncipe Andrés podría haber compartido informes comerciales confidenciales y sensibles con Epstein, cuando ejercía como enviado especial para el comercio del Reino Unido, un cargo que también ha sido cuestionado por el modo en el que se gestó ese giro profesional.
La policía de Thames Valley ha reconocido que "la decisión inicial del tribunal de emitir órdenes de registro en virtud de la legislación específica utilizada fue incorrecta". Sin embargo, añadió: "El hecho de que se hayan anulado las órdenes de registro no pone fin a la investigación ni significa que toda la investigación sea ilegal". "Actualmente se están llevando a cabo procedimientos legales para decidir cómo se gestionará el material incautado durante los registros y si podemos retenerlo legalmente para apoyar nuestra investigación en curso", añadió la policía en unas declaraciones que recoge la BBC.
Documentos y dispositivos electrónicos: el futuro de los documentos incautados a Andrés de York
Fue tras esos registros, que tuvieron lugar en el Royal Lodge (dentro de los terrenos reales de Windsor Great Park) y en Marsh Farm (su residencia actual dentro de la finca real de Sandringham), el ex príncipe, que niega haber cometido delito alguno, fue arrestado por la policía el 19 de febrero bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas y es esa legalidad de las órdenes de registro que ha impugnado. Aunque, a pesar del fallo, el juez ha decidido que los "objetos incautados" (documentos y dispositivos electrónicos) permanecerán en poder de la policía hasta la audiencia prevista para 2027.
Así que esta es una victoria algo descafeinada para un príncipe que intentó pasar a la historia como el héroe de las Malvinas y ya nadie lo recuerda así. La investigación penal contra el príncipe Andrés continúa en curso y así lo ha dicho la policía: "La investigación sobre la presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público por parte de un hombre de unos 60 años de Norfolk sigue en curso, y continuamos explorando todas las vías de investigación razonables para que esta avance de manera efectiva y justa".
El juez Hilliard también dijo que la policía había accedido a que se publicaran los documentos relacionados con la revisión judicial, que anteriormente habían querido mantener en secreto, pero eliminando los nombres de los agentes y demás personal que trabajaba en la investigación, así como el de un representante legal. Así que la desclasificación de esos documentos mantiene expectante a la prensa británica.
El Palacio de Buckingham marca distancias: no con el dinero de Carlos III
Fue a finales del año pasado cuando el rey Carlos III determinó que su hermano dejaría de usar el título de príncipe, algo que por otro lado no tiene validez ninguna, ya que no depende del rey, sino del parlamento, por su relación con Epstein. Eso no quita para que el príncipe o expríncipe Andrés reciba un estipendio anual, cuya cantidad no se ha revelado, procedente de los fondos privados del rey. ESto ha hecho que en los últimos días una fuente del palacio de Buckingham dejara claro a los periodistas que el dinero del rey no sería utilizado para financiar esa revisión judicial y todo lo que implica.
Este nuevo episodio pone a prueba el propio funcionamiento del sistema constitucional y judicial británico, aunque no en el sentido de poner en duda la legitimidad de la Corona como institución, sino respecto al alcance de la ley sobre la familia real. Por otro lado, el daño reputacional es continúo ya esta es una batalla judicial inédita que mantiene la atención mediática sobre el miembro más incómodo de la familia real.
La propia prensa británica destaca que esta demanda es la primera vez que un miembro de la Casa Real británica impugna la legalidad de un procedimiento desde el juicio a Carlos I en 1649. Se pone así el foco en la capacidad de los tribunales civiles para juzgar las actuaciones policiales cuando involucran a la realeza. Por otro lado, la vista del próximo jueves reabre la cuestión de si este caso debe ser público o mantenerse en privado; o lo que es lo mismo, el debate de si los miembros de la familia Windsor reciben un trato procesal reservado en comparación con cualquier otro ciudadano bajo investigación.










