El Gobierno de España avanza en su plan más ambicioso para las familias: una ayuda universal de 200 euros mensuales por cada menor de 18 años. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales bajo la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, busca transformar el apoyo a la crianza en un derecho para todos, independientemente de los ingresos.
© Adobe StockSin embargo, el anuncio ha generado una oleada de preguntas: ¿Cuándo se podrá solicitar realmente? ¿Sustituye a otras ayudas actuales? Analizamos la "letra pequeña" de una propuesta que promete 2.400 euros anuales por hijo, pero que aún debe superar varios trámites clave antes de llegar a los bolsillos de los ciudadanos. Esto es lo que se sabe (y lo que falta por confirmar) hasta hoy.
¿En qué consiste exactamente la ayuda?
La propuesta plantea una prestación de:
- 200 euros al mes por cada hijo menor de 18 años
- Es decir, 2.400 euros al año por menor
Sería una ayuda universal, lo que significa que no dependería del nivel de renta. Todas las familias con hijos a cargo podrían beneficiarse, como ocurre con servicios universales como la sanidad o la educación pública.
El objetivo declarado es triple, pues con ella se pretende aliviar la carga económica de la crianza, fomentar la natalidad y reducir la pobreza infantil
© Getty Images¿Quién podría cobrarla?
Según lo anunciado por el Ministerio de Derechos Sociales, los requisitos serían mínimos:
- Tener hijos menores de 18 años a cargo
- Residencia legal en España
- Estar empadronado
- Acreditar la situación familiar (libro de familia, DNI o NIE)
Además, la intención es que sea compatible con otras ayudas, como el Ingreso Mínimo Vital o prestaciones de la Seguridad Social.
© Adobe StockLa pregunta clave: ¿está aprobada?
No.
Y este es el punto más importante.
La prestación no está aún en vigor ni se puede solicitar. Lo que se ha aprobado es su inclusión como objetivo dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Para que sea una realidad necesita tanto una dotación presupuestaria como una aprobación parlamentaria.
El Ministerio confiaba en incluirla en los Presupuestos Generales del Estado, pero ante la falta de acuerdo político, todavía no hay fecha oficial de entrada en vigor.
Es decir: es una propuesta formal con respaldo político dentro del Ejecutivo, pero aún pendiente de financiación y trámite legislativo.
¿Cuánto costaría y cómo se financiaría?
Según los datos del INE, en España hay casi 8 millones de menores de 18 años.
Al ser universal y no tener límite de renta, el coste estimado superaría los 19.000 millones de euros anuales.
Desde el Ministerio se ha planteado financiarla mediante un impuesto del 2% anual a patrimonios superiores a 100 millones de euros, aunque esta vía también necesitaría respaldo parlamentario.
© Getty Images¿Qué impacto tendría en la pobreza infantil?
España es uno de los países con mayor tasa de pobreza infantil de la Unión Europea y según UNICEF el 29,2% de los menores está en riesgo de pobreza lo que supone que cerca de 2,7 millones de niños viven en situación de pobreza o exclusión mientras que los cálculos del Ministerio estiman que una prestación de 200 euros mensuales podría reducir la pobreza infantil en un 50% y disminuir su intensidad en el resto de casos ya que UNICEF señala que incluso una ayuda de 100 euros al mes sacaría de la pobreza a más de 270.000 menores pero con 200 euros la cifra podría superar el medio millón
¿Qué ayudas existen ahora mismo?
Mientras esta prestación no se apruebe, las ayudas actuales para familias con hijos son más limitadas y en muchos casos condicionadas a renta:
Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) vinculado al IMV
- Hasta 115 euros al mes (menores de 3 años)
- 80,50 euros (3 a 6 años)
- 57,50 euros (6 a 18 años)
Deducción por maternidad
- 100 euros al mes hasta los 3 años para madres trabajadoras
- Permisos por nacimiento y cuidado del menor
La nueva prestación supondría un salto importante porque sería universal y cubriría hasta los 18 años.
La medida se ha convertido en uno de los compromisos más ambiciosos en materia de infancia de cara a 2030. Pero hasta que no haya presupuestos y respaldo en el Congreso, sigue siendo un objetivo político y no una prestación activa.
