El expríncipe Andrés ha sumado una insólita y segunda victoria en menos de 24 horas, logrando con ello un golpe de efecto y balón de oxígeno financiero en una era en la que está completamente apartado de la vida institucional por su amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Si ayer un juez reconoció un defecto de forma que ilegalizaba las órdenes de registro que se utilizaron en febrero para registrar sus casas, hoy la Corona británica comunica que ha tenido que indemnizarlo por el desalojo de su antigua residencia, Royal Lodge, en Windsor. Andrés Mountabatten Windsor está en racha y totalmente convencido de sus posibilidades para limpiar su nombre.
Andrés Mountbatten-Windsor ha recibido una indemnización de 302.000 libras esterlinas (más de 360.000 euros) después de que se rescindiera oficialmente el contrato de arrendamiento de su antigua residencia, Royal Lodge, en Windsor, según ha informado este viernes un portavoz de la Corona británica y recoge HELLO!
Hay que recordar que el hermano de Carlos III fue desalojado de su antigua residencia en Windsor Great Park el año pasado debido al escrutinio público sobre su amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. El duque de York vivió durante dos décadas, pagando un precio simbólico, en esa mansión de 30 habitaciones que un día ocupó la Reina Madre, un símbolo de estatus que el rey no estaba dispuesto a mantener. Tras un largo enfrentamiento que saltó a los titulares, el príncipe Andrés aceptó trasladarse a Marsh Farm, una casa de cinco habitaciones en la finca de Sandringham del rey Carlos, donde vive prácticamente exiliado de la vida pública. Sin embargo, esta indemnización demuestra que, lejos de aceptar, el príncipe Andrés ha discutido la decisión y le ha salido bien.
El millonario contrato de Royal Lodge y el alquiler simbólico del príncipe Andrés
La propiedad de Royal Lodge forma parte del Crown Estate (el Patrimonio de la Corona), una vasta e histórica colección de tierras y bienes inmuebles en el Reino Unido que no pertenecen al patrimonio privado del monarca ni son propiedad del Gobierno, sino que se gestionan de forma independiente como una corporación pública cuyos beneficios se destinan al Tesoro británico. Aunque la Corona retiene la titularidad de estas tierras, el régimen de tenencia del ex duque de York se basaba en un contrato de arrendamiento formal firmado a largo plazo (originalmente por 75 años en 2003) para el cual él mismo aportó una millonaria inversión inicial en reparaciones y mantenimiento.
El periódico The Times obtuvo en octubre del año pasado una copia del contrato de arrendamiento que firmó el príncipe Andrés y el Crown Estate, allí se refleja que el hermano del rey Carlos III pagó un millón de libras para arrendar la propiedad y gastó £7,5 millones en reformas. Desde entonces, el contrato estipula que el alquiler anual es de solo un peppercorn rent, una figura legal británica que equivale a un pago simbólico (literalmente, un grano de pimienta y suele ser una libra esterlina), y que es la forma de mantener la validez legal del contrato sin exigir un pago real. Por eso se dijo, que el príncipe Andrés llevaba 22 años sin pagar el alquiler.
Esta indemnización abre una curiosa paradoja sobre el dinero y es una victoria de manual para el expríncipe Andrés
Al verse forzado a rescindir y entregar este valioso arrendamiento que era un símbolo de su estatus pasado antes de tiempo por presiones institucionales, la normativa legal y contractual exige que el Crown Estate compense financieramente al arrendatario por el valor restante del contrato y las mejoras realizadas en el inmueble, lo que justifica legalmente el pago de la indemnización de 302.000 libras esterlinas. Una decisión que llega días después de que el Palacio de Buckingham deslizara que las nuevas batallas legales del príncipe Andrés no se harán con el dinero del rey Carlos III.
Técnicamente el Palacio puede colgarse la medalla de decir que no sale del bolsillo privado del monarca (Sovereign Grant), pero la realidad es que el dinero sale del Crown Estate. Al tener que indemnizarle con 302.000 libras, ese dinero deja de ingresar en las arcas del Tesoro Público. Es un sutil pero contundente y una victoria de manual para el príncipe Andrés.
Este comunicado llega justo un día después de que la policía de Thames Valley ha admitido este jueves ante el juez Hilliard, del Tribunal Superior en el centro de Londres, que las órdenes de registro que se utilizaron para registrar los domicilios del expríncipe Andrés eran ilegales. De este modo reconocen un defecto en el procedimiento, ya que la ley británica exige un trámite específico más estricto cuando lo que se va a buscar son documentos oficiales y/o confidenciales. Hay que recordar que esta operación se desencadenó cuando la publicación de los archivos oficiales de Jeffrey Epstein (por parte del Departamento de Justicia de Estados Unido), revelaron correos, documentos y conversaciones que sugerían que el príncipe Andrés podría haber compartido informes comerciales confidenciales y sensibles con Epstein, cuando ejercía como enviado especial para el comercio del Reino Unido, un cargo que también ha sido cuestionado por el modo en el que se gestó ese giro profesional.









