La ginecóloga y divulgadora Miriam Al Adib denunció hace unos días en sus redes sociales que una de sus hijas había sido víctima de una manipulación de su imagen, por la cual había fotos en las que aparecía desnuda que habían sido creadas mediante inteligencia artificial (IA). Su mensaje fue la ‘llamada’ que hizo que muchas más chicas se atrevieran a confesar a sus padres que también habían sufrido esta práctica.

El suceso tiene muchas connotaciones y los padres se preguntan cómo pueden proteger a sus hijos del mal uso de la inteligencia artificial generativa, que ha llegado para quedarse. Hemos charlado con Borja Adsuara, abogado experto en Derecho Digital, para que nos cuente cómo proceder si un menor es víctima de un caso similar.

Los primeros pasos a seguir

En cuanto un progenitor es consciente de que sobre su hijo menor de edad se ha cometido un delito como este, lo primero que tiene que hacer es interponer una denuncia ante la Policía Nacional y dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

La Policía Nacional (o la Guardia Civil si fuera el caso) dispone de unidades especializadas en ciberdelitos. Por lo tanto, hay que comenzar denunciándolo ante esta instancia para que quede constancia del mismo.

Con respecto a la Agencia Española de Protección de Datos, cuenta con lo que se denomina ‘canal prioritario’, al que se puede acudir para que intervengan en un plazo de 24 horas, borrando el contenido de las redes sociales.

En situaciones como las vividas por las adolescentes de Almendralejo, que están entre los 12 y los 14 años, suelen concurrir varios delitos, como apunta el experto: “Producir las imágenes, difundirlas, acosar y extorsionar”.

Tres vías para restituir el daño a las víctimas

Aunque pueda parecer que hay cierta impunidad en este tipo de delitos, realmente no es así, pues contamos con mecanismos legales para castigar al que ha cometido el delito y para proteger a la víctima.

Vía penal

En este caso, al ser menores de edad los que han producido y distribuido las imágenes no hay posibilidad de que ingresen en la cárcel, pero sí pueden ser trasladados a un centro de menores o realizar trabajos formativos o sociales en bien de la comunidad. Además, se puede imponer una multa económica, “que tienen que pagar sus padres, pues ellos son insolventes”, destaca Borja Adsuara.

Vía civil

Es la que va a cuantifica materialmente el coste de la indemnización por daños y perjuicios morales causados por la intromisión ilegítima (en este caso sobre la intimidad y la propia imagen) y todas sus consecuencias. Hablamos de niñas en plena adolescencia que, además de lidiar con las inseguridades propias de esta etapa, van a tener que superar este trauma desde el punto de vista psicológico. “Es el juez el que evalúa la cuantía y la tendrían que pagar los padres ”, comenta el experto.

Vía administrativa

Se ejerce a través de la Agencia Española de Protección de Datos. Hay que tener en cuenta que, como resalta el abogado, “la imagen es el dato personal que más nos identifica”. Cuando se produce un daño sobre la misma puede haber una reparación económica. De hecho, este organismo viene imponiendo multas de entre 5.000 y 10.000 euros a los padres de hijos que comenten ciberdelitos.

Además de estas tres vías, Borja Adsuara recomienda que cuando se tenga conocimiento de que en grupos de WhatsApp circulan fotos de este tipo, los padres de los afectados intenten entrar en ellos para advertir de que se está cometiendo un delito. Al ser mensajes encriptados y privados, la AEPD no puede entrar en los chats para borrarlos, pero los progenitores sí pueden alertar a los que comparten o tienen las fotos de que es un hecho delictivo.

Educar a toda la sociedad

Hay una cuestión clave en la difusión de imágenes alteradas, como las de este caso, y es que no solo hace daño la difusión sino el acoso que lleva aparejado la distribución de estas fotos. “En nuestra sociedad, cuando alguien comparte una foto de este tipo, lo habitual es que los demás, en lugar de decirle que la borre, la redifundan, añadiendo comentarios vejatorios hacia la víctima”, denuncia Borja Adsuara. Es decir, la víctima también sufre un acoso que hace que la situación se vuelva más insostenible si cabe. Y esto pasa también entre los adultos, por lo que hay un déficit importante de sensibilidad a todos los niveles.

En este sentido, el abogado recalca la sensación de impunidad y la falta de conciencia de lo que significa el consentimiento con la que los jóvenes viven actualmente en este ámbito. “Entre ellos se pasan porno todo el rato; les llegan fotos de mujeres desnudas y lo ven tan normal. De hecho, ellos mismos acuden a vídeos realizados con deep fake en páginas porno, muy realistas, por lo que no tienen conciencia de que sea un delito cuando le llegan imágenes como las denunciadas”, explica.

“Los jóvenes viene en una sociedad muy sexualizada y están acostumbrados a contenido muy similar”, indica; por eso necesitan una educación en este terreno que les haga entender los límites.