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Rafael Amargo ha prestado declaración en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, en el que se enfrenta a una acusación de tráfico de drogas. Están acusados además el productor Eduardo de Santos y el socio del artista, Miguel Ángel Batista, por presuntamente vender droga desde el piso del bailarín. La fiscalía pide nueve años de cárcel para el artista, que está en prisión desde el mes de noviembre, y para el productor. Para el otro acusado solicita seis años de prisión. El caso ha quedado visto para sentencia y hasta entonces el acusado ha quedado en libertad provisional sin medidas cautelares.
En su declaración, el cantante ha afirmado que "por su matrimonio, sus padre, sus amigos", no tiene necesidad de dedicarse a otra cosa que no sean las artes escénicas. "Yo lo único que hago es regalar mi arte y mi generosidad en mi casa abriendo las puertas a todo el mundo, como Lola Flores", ha dicho al Tribunal antes de lamentar que han destrozado su carrera.
Los policías encargados de la investigación del caso determinaron que el productor Eduardo de Santos y Amargo vendieron sustancias conjuntamente para financiar la obra Yerma, que se estrenó en diciembre de 2020. Durante las sesiones del proceso, que arrancó el pasado 8 de abril, se ha podido ver al bailaor acompañado por su familia y por su pareja Luciana Bongianino. Esta fue detenida en 2020 junto al artista, pero finalmente fue exonerada por el juez. En su declaración, Bongianino ha afirmado que si bien ambos consumían sustancias, no las vendían. Resaltó además que Amargo ha hecho tratamientos para tratar su dependencia durante años.
Rafael Amargo fue detenido el 1 de diciembre de 2020 junto a su pareja y otras dos personas en el marco de la Operación Codax, cuyo nombre significa cuervo en latín (recibió este nombre por una imagen del artista en sus perfiles sociales en la que aparece con unas alas de esta especie de ave). Tras declarar, los arrestados quedaron en libertad con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir cada quince días al juzgado. Fue el incumplimiento de esta última la que llevó de nuevo a su detención en noviembre de 2023. El bailaor estaba en prisión provisional desde el día 3 porque la Audiencia Provincial determinó que había un quebrantamiento de medidas cautelares y riesgo de fuga. Un riesgo que el Juez no ha estimado en esta ocasión.
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