España está a punto de estrenar una de sus reformas antitabaco más ambiciosas en años. El anteproyecto de la nueva Ley Antitabaco, promovido por el Ministerio de Sanidad, no solo endurece las prohibiciones sobre fumar y vapear en espacios públicos, sino que introduce una medida que ha generado un intenso debate: los padres o tutores legales de un menor tendrán que responder económicamente si su hijo o hija es sorprendido consumiendo tabaco o vapeadores, con multas que pueden ascender hasta los 600 euros.
Un cambio profundo en la normativa
Hasta ahora, la legislación vigente sancionaba principalmente la venta de tabaco a menores, pero no se penalizaba directamente su consumo. Con esta reforma, el Ministerio de Sanidad pretende dar un paso más allá: equiparar los cigarros electrónicos (“vapers”) con los cigarrillos tradicionales, y atribuir una nueva responsabilidad a las familias.
Tres niveles de infracción
En concreto, la ley establece tres niveles de infracción: leve, grave y muy grave. Las infracciones leves; donde encaja el consumo de un menor, conllevan sanciones de entre 100 y 600 €. Si se trata de un hecho aislado, lo más habitual será imponer la sanción mínima de 100 €.
En cualquier caso, será el adulto responsable (padre, madre o tutor) quien deba asumir ese coste, si el menor no tiene capacidad económica para pagarlo.
Objetivo: proteger a los jóvenes, responsabilizar a los adultos
Según el Ministerio, la clave está en la prevención. El consumo de tabaco y de vapeadores entre los jóvenes es un problema de salud pública, y responsabilizar a los padres puede ser una forma de incentivarlos a estar más atentos al comportamiento de sus hijos.
Expertos en salud pública han recibido con optimismo esta propuesta. Francisco Pascual, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, ha defendido la medida como parte de una estrategia más amplia, aunque advierte de que también debe haber programas educativos: “Las multas no bastan; hacen falta acciones formativas, diálogo y apoyo” para evitar que los jóvenes empiecen a consumir.
Nuevas restricciones también en espacios públicos
Además del régimen sancionador, la nueva ley amplía significativamente los lugares donde estará prohibido fumar o vapear. No solo en interiores, sino en exteriores como terrazas de bares, marquesinas, piscinas públicas o zonas alrededor de centros educativos. La idea es crear espacios “libres de humo” más amplios y adaptados a los nuevos hábitos de consumo.
Se prohíbe también la venta de cigarrillos electrónicos de un solo uso, una medida pensada especialmente para frenar la popularidad de estos dispositivos entre los jóvenes. Además, la publicidad del tabaco y los vapeadores se restringe aún más, e incluye medios digitales, redes sociales y eventos públicos.
Aunque la reforma tiene respaldo entre muchos expertos sanitarios, también ha generado críticas por algunos sectores sociales. Una de las preocupaciones más recurrentes es si la multa para los padres realmente incentivará un cambio de comportamiento o si, por el contrario, muchas familias la verán como una sanción puramente económica.
¿Sanciones excesivas?
También surgen cuestionamientos sobre la proporcionalidad: algunos opinan que una multa de 600 € podría resultar excesiva para determinadas situaciones, especialmente si el consumo del menor es puntual o experimental. Otros piden que se compaginen estas sanciones con medidas educativas, como talleres o programas en colegios, para abordar no solo el castigo, sino la prevención real.
Responsabilidad legal y educativa
Legalmente, la figura de “responsabilidad subsidiaria” que introduce la norma implica que los padres no están siendo tratados como infractores directos, sino como garantes del cumplimiento de la ley por parte de sus hijos. Si bien no cometen la infracción, deben asumir la multa dada su posición de responsabilidad.
Desde el punto de vista educativo, la medida también abre una oportunidad para que las familias reflexionen sobre el diálogo y la supervisión. No se trata solo de sancionar, sino de fomentar una cultura en la que los jóvenes entiendan los riesgos del tabaco y del vapeo, y cuenten con el apoyo de sus padres para tomar decisiones más saludables.
¿Y ahora qué?
El anteproyecto ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y se espera su tramitación parlamentaria en las próximas semanas. Si la reforma sale adelante, entrará en vigor una normativa más estricta y con consecuencias claras para los menores y sus familias.
Para muchos padres, esta nueva ley es un aviso serio: no basta con decir “no fumes” a un hijo, porque la responsabilidad legal podría recaer sobre ellos. Por eso, más allá de las multas, la reforma podría servir como catalizador para reforzar el diálogo familiar y promover hábitos más saludables desde casa.





