A partir del 10 de abril de 2025, ha entrado en vigor en España una nueva tasa de basuras, un tributo municipal obligatorio que busca financiar la gestión de residuos urbanos y promover la economía circular. Esta medida responde a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, alineándose con las directrices europeas para mejorar la sostenibilidad ambiental.
© Adobe Stock¿Qué es la tasa de basuras?
La tasa de basuras, también llamada Tasa de Gestión de Residuos Urbanos (TGRU), es un tributo local destinado a cubrir los costes de la recogida, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos urbanos. Su aplicación es obligatoria en todos los municipios con más de 5.000 habitantes, independientemente de si ya existía una tasa similar. El objetivo es unificar y regularizar el sistema de gestión de residuos en todo el país.
¿Quién debe pagarla?
La tasa afecta a propietarios, inquilinos y usufructuarios de inmuebles que generen residuos urbanos y se beneficien del servicio municipal de recogida. En el caso de viviendas alquiladas, el inquilino es el principal obligado al pago, aunque el propietario puede acordar con él la asunción del coste. Además, se aplica a locales comerciales, industriales y otros establecimientos que generen residuos.
¿Quién está exento?
Existen ciertos casos en los que no se está obligado a pagar la tasa de basuras: Inmuebles declarados en estado de ruina. Solares sin edificar. Garajes y trasteros asociados a viviendas, ya que no generan residuos. Edificios en ruina o sin uso. Es importante destacar que, aunque estos inmuebles no generen residuos, la tasa se aplica si el servicio de recogida está disponible en la zona.
¿Cómo se calcula y paga?
La tasa se compone de dos partes: una cuota fija y una variable. La cuota fija se basa en el valor catastral del inmueble, mientras que la variable depende de la cantidad de residuos generados, influida por factores como el número de ocupantes y el tipo de actividad. En general, la media estimada del coste anual entre municipios que la aplican en estos momentos está en torno a los 80 euros anuales, aunque en Madrid, donde la vivienda sea más cara, pagarán más, puede llegar a una media de 140 euros.
El pago se realiza en una sola cuota anual, con un plazo de dos meses desde la recepción del aviso. A partir de 2026, será posible domiciliar y fraccionar el pago.
¿Qué ocurre si no pago?
El impago de la tasa puede acarrear recargos, intereses de demora y, en casos extremos, el embargo de bienes. Es fundamental estar al tanto de las notificaciones del ayuntamiento y cumplir con los plazos establecidos para evitar sanciones.
¿Qué puedo hacer para reducir el importe?
Algunos municipios ofrecen bonificaciones y descuentos para fomentar prácticas sostenibles: Descuentos por reciclaje en puntos limpios. Bonificaciones para familias numerosas o en situación de vulnerabilidad. Reducciones por compostaje doméstico o comunitario. Es recomendable consultar con el ayuntamiento local para conocer las posibles ayudas y requisitos específicos.
