Este mes de septiembre de 2025, Madrid comienza a aplicar una nueva Tasa de Gestión de Residuos (TGR), obligatoria en todos los municipios con más de 5.000 habitantes, según la Ley 7/2022, que busca asegurar un servicio sostenible de recogida, transporte y tratamiento de residuos. El objetivo: cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea de reciclar el 55 % en 2025 y el 65 % en 2035. El Ayuntamiento empezará a enviar los recibos individualizados este mes, con un plazo de dos meses para abonarlos, y el pago correspondiente a 2025 se realizará en una única cuota. A partir de 2026, la tasa podrá domiciliarse y fraccionarse, al estilo del IBI.
© GTRES¿Cuánto cuesta?
La cuantía media estimada es de unos 140 € por vivienda, y 310 € para comercios, aunque varía significativamente según el barrio. Por ejemplo, en Aravaca podría superar los 574 € de media, mientras que en Villaverde apenas llega a 47 €. La fórmula de cálculo combina:
Una tarifa básica (81 %), basada en el valor catastral del inmueble.
Una tarifa variable (19 %), relacionada con la generación de residuos y su correcta separación.
También hay reducciones y exenciones para familias numerosas, hogares vulnerables, viviendas vacías o locales sin actividad, y diferentes bonificaciones según circunstancias personales.
¿Inquilinos o propietarios? Quién asume la tasa
La obligación formal de pago recae en el propietario del inmueble, como sujeto pasivo de la tasa. Sin embargo, el Ayuntamiento permite que el propietario la repercuta en el inquilino, considerándole “sustituto del contribuyente”, siempre que así se indique en el contrato de alquiler.
- Contratos anteriores a la implantación de la tasa: si fueron firmados antes de abril o septiembre de 2025, el inquilino puede negarse a pagar si no se menciona explícitamente en el contrato; en ese caso, el propietario deberá asumir la cuota.
- Contratos nuevos firmados después de mayo 2025: sí pueden incluir la cláusula de repercusión de la tasa en el inquilino, haciéndole responsable del pago.
Madrid lanza una tasa innovadora y alineada con exigencias europeas, pero su impacto económico y legal abre preguntas importantes. Propietarios e inquilinos deben revisar con atención los contratos para saber quién está obligado a pagarla.
