Acusado por presunta estafa en la venta de material sanitario al ayuntamiento de Madrid

La declaración ante el juez de Luis Medina en su situación más complicada

El empresario ha puesto a disposición del juzgado la herencia que recibió de su abuela, la fallecida duquesa de Medinaceli, para hacer frente a la fianza de casi 900.000 euros que le impuso el magistrado

Por hola.com

El empresario Luis Medina prestó declaración ante el juez por su implicación en la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de mascarillas, guantes y test Covid. El aristócrata ha puesto a disposición del juzgado que investiga el caso la herencia de su abuela, la fallecida María Eugenia Fernández de Córdoba, duquesa de Medinaceli, para hacer frente a la fianza de casi 900.000 euros que le impuso el magistrado. El escrito fue presentado ante el juzgado de instrucción número 47 de Madrid, antes de que Medina y el otro imputado, Alberto Luceño, declararan ante el magistrado del caso por primera vez, por presuntamente embolsarse una comisión de 6,6 millones en tres contratos con el consistorio municipal para suministrar material sanitario en las primeras semanas de la pandemia.

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El juez instructor del caso Adolfo Carretero investiga una querella de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, y en el caso del hijo menor de Naty Abascal, de alzamiento de bienes. Unos hechos que el magistrado ve "graves" al tener lugar "en el momento más álgido de la pandemia" cuando había "miles de fallecimientos diarios". 

El pasado 25 de abril Luis Medina y su socio prestaron declaración ante el juez. El empresario llegó a los juzgados de Plaza de Castilla, en medio de una gran expectación , pasadas las 11:40 de la mañana para comparecer en la vista oral. Nada más salir del vehículo, fue rodeado por decenas de periodistas que le esperaban en la puerta, aunque en ese momento optó por no hacer declaraciones. El marqués de Villalba llegó a las dependencias judiciales con el semblante serio, vestido con traje, sin mascarilla y acompañado por su letrado, Carlos Teixido, para hacer frente a la situación más complicada de su vida. Su socio, Alberto Luceño, en cambio, evitó a la prensa y llegó a los juzgados a las nueve de la mañana, sin realizar ningún tipo de declaración. Algo que sí hizo Luis Medina horas antes de la citación mientras salía a pasear al perro, donde manifestó que "confiaba en la justicia" y que estaba "tranquilo".

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El fiscal Luis Rodríguez Sol, que firma la querella, sostiene que los comisionistas, con ánimo de obtener "un exagerado e injustificado beneficio económico", ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir "grandes remesas de material sanitario fabricado en China". El hermano del duque de Feria confirmó ante el juez que tuvo acceso a la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, gracias a un primo del alcalde, Jose Luis Martínez-Almedida. 

Del total de 6,6 millones que recibieron Ludeño y Medina, el hijo menor de Naty Abascal obtuvo una comisión de casi un millón de euros que, según Anticorrupción, destinó a la compra de un velero por 325.515 euros y a dos bonos de inversión por valor cada uno de 200.000 euros. En la querella, el fiscal solicitó el embargo del velero y de las cuentas bancarias. Al comprobar el juez que tenía menos de 250 euros, procedió a fijar una fianza de 891.227,07 euros.

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En su declaración en sede judicial, a la que ha tenido acceso Efe, Luis Medina ha asegurado que las comisiones no se pactaron al inicio, aunque él "entendió" que le iba "a tocar un tercio". Del mismo modo ha asegurado que el fiscal "no dijo expresamente que tuviera prohibido disponer" de sus bienes, algo que hizo porque no pensó "que hubiera nada irregular", y que nunca intentó "defraudar nada". "No tengo conciencia de haber cometido ningún delito", se defendió. 

A la espera de conocer la sentencia, el juez Adolfo Carretero ha retirado el pasaporte a los dos acusados y les ha impuesto la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días por su implicación en la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid.