El príncipe Andrés anunció el viernes en un comunicado que renunciaría al uso de sus títulos y honores reales junto con su exesposa, Sarah Ferguson, tras la publicación de los correos electrónicos que ambos enviaron al magnate condenado por tráfico sexual de menores Jeffrey Epstein. La maniobra, aunque hizo mucho ruido, no era más que una cortina de humo que saltaba a la vista desde el propio comunicado: renunciaba al uso y no al título; renunciaba al uso de los títulos que había recibido con motivo de su boda y no a los que le pertenecen por nacimiento y, por supuesto, los privilegios permanecían intactos. Entre ellos está que el hermano del rey Carlos III no paga el alquiler desde hace dos décadas, una información que sacó de The Times y que curiosamente vino a ser la gota que colmó el vaso de los parlamentarios británicos, que, tras contemplar todos los escándalos que han rodeado al príncipe Andrés durante los últimos años, han saltado de sus asientos cuando se ha tocado el bolsillo público.
© Getty ImagesHan sido los diputados del Partido Nacional Escocés (SNP) los que han presentado do una moción parlamentaria para despojar al príncipe Andrés formalmente de su ducado, una medida que rara vez se permite en la Cámara de los Comunes. La pelota ahora está, por tanto, en el tejado del Gobierno británico, que de forma tradicional se limita a apoyar, en este ámbito, las decisiones que se toman desde la propia Casa Real británica al considerar esto un asunto de la realeza. Aunque no es tan sencillo, ya que los parlamentarios tienen pocas vías para retirar formalmente los títulos. Se requeriría una ley parlamentaria, que el gobierno no tiene intención de iniciar a menos que lo solicite el palacio. El avance es que, al menos, el debate está abierto y tanto el Gobierno como la Casa Real británica sienten la creciente presión que ha estallado al conocerse que príncipe Andrés no paga el alquiler desde hace 22 años y vive en una propiedad de la Corona, cuya gestión depende de un organismo independiente que tiene que supervisar el propio Parlamento.
© Cordon PressHasta ahora no se conocían los pormenores del acuerdo que el príncipe Andrés firmó con el Crown Estate, pero uno de los periódicos nacionales más importante del Reino Unido ha podido acceder a ese contrato y entonces reveló que desde que entró a vivir en el Royal Lodge en el año 2003 no paga el alquiler de 260.000 libras al año y no lo paga porque así se acordó. El hermano del rey Carlos III pagó un millón de libras para arrendar la propiedad y gastó £7,5 millones en reformas. Desde entonces y hasta el 2078 que vence este acuerdo, el contrato estipula que el alquiler anual es de solo un peppercorn rent, una figura legal británica que equivale a un pago simbólico (literalmente, un grano de pimienta y suele ser una libra esterlina), y que es la forma de mantener la validez legal del contrato sin exigir ese pago real de 260.000 libras al año, unos 300.000 euros. Además, el contrato de arrendamiento estipula que el patrimonio de la corona le debería al príncipe Andrés alrededor de 650.000 euros si él renunciara a ese contrato.
© GTRESSi bien el Crown Estate gestiona las propiedades de la Corona, por lo que se podría considerar que Carlos III con sus propiedades puede hacer lo que quiera, hay que tener en cuenta que no tienen consideración de propiedad privada (como si sucede con los ducados de Lancaster y Cornualles) y parte de los ingresos del Crown Estate se destinan al Tesoro, del que después salen las Subvenciones Soberanas (la financiación pública) que reciben los miembros de la realeza por su trabajo. Eso sin olvidar, que es el propio Parlamento el que encarga al Tesoro la supervisión general de los negocios del Crown Estate y actúa como su departamento patrocinador dentro del gobierno. Así que, en este caso, hay una posibilidad de que el Parlamento actúe.
© Getty ImagesLas últimas informaciones, entre correos electrónicos y las trágicas memorias póstumas de Virginia Giuffre, la víctima más combativa y una pieza clave en la caída de Epstein, dibujan una relación entre el príncipe Andrés, Sarah Ferguson y Jeffrey Epstein muy distinta a la que los duques de York (porque todavía son duques de York) habían contado. Sin embargo, hay algo clave en todo esto, el príncipe Andrés, que sigue proclamando su inocencia, nunca fue juzgado, ya que se alcanzó un acuerdo extrajudicial sobre el que nunca se reveló ni la cifra ni el origen del dinero, aunque a ambos lados del Atlántico se dio por buena la información de qué parte había salido del bolsillo privado de Isabel II. ¿De dónde si no? Hay que recordar que desde el 2019 que se retiró de la vida pública, Andrés no tiene unos ingresos oficiales y precisamente por eso no se explica su permanencia en el Royal Lodge, la mansión de treinta habitaciones en la que reside con su exmujer, Sarah Ferguson, en los terrenos reales de Windsor.
© GTRESEl caso es complicado, ya que si bien le pueden retirar el título que él ha dicho que no iba a usar, el acuerdo que tiene firmado con el Crown Estate parece perfectamente válido. Aunque según Daily Mail, la fachada presenta grietas y desperfectos, lo que sería un incumplimiento de ese mismo contrato de arrendamiento y podría ser expulsado si no realiza dicho mantenimiento después de haberle dado la oportunidad de hacerlo.
© ©GTRESONLINEEn lo referente al título, hay que ver hasta donde llega el Parlamento, ya que al no haber una condena oficial podría ser considerado un juicio de valor. Por otro lado, se contempla la opción de quitarle el título de duque de York y los dos vinculados a él, (conde de Inverness y barón Killyleagh), pero mantendría el de príncipe que le pertenece por nacimiento. En 2022, Rachael Maskell, miembro del parlamento, propuso una ley que permitiera al rey retirar títulos nobiliarios hereditarios a personas que los hubieran desprestigiado. Aunque esta ley fue descrita por la prensa británica como un ataque hacia el príncipe Harry, su principal objetivo era probablemente dar un arma al rey en relación con el príncipe Andrés. La propuesta, sin embargo, nunca se convirtió en ley, pero ahora el Parlamento comienza a considerar que necesita un mecanismo legal de este tipo.
