Desde la abdicación de Eduardo VIII en 1936 para casarse con Wallis Simpson es imposible encontrar en el largo listado de polémicas de la Casa Real británica un episodio que erosione tanto la legitimidad moral de los Windsor como el que se está viviendo con el príncipe Andrés, cuya renuncia solo al uso y no al título en sí de duque de York es la prueba más evidente de que piensa agarrarse a todo resquicio de privilegio real y a su estatus de príncipe de cuna. Ahora mismo, sin funciones oficiales, el máximo símbolo de su estatus es el Royal Lodge, su mansión de treinta habitaciones a unos 5 km al sur del Castillo de Windsor, cuyo alquiler no paga desde hace 22 años.
El periódico The Times ha obtenido una copia del contrato de arrendamiento que firmó el príncipe Andrés y el Crown Estate (el organismo que gestiona las propiedades de la Corona) en el año 2003, allí se refleja que el hermano del rey Carlos III pagó un millón de libras para arrendar la propiedad y gastó £7,5 millones en reformas. Desde entonces, el contrato estipula que el alquiler anual es de solo un peppercorn rent, una figura legal británica que equivale a un pago simbólico (literalmente, un grano de pimienta y suele ser una libra esterlina), y que es la forma de mantener la validez legal del contrato sin exigir un pago real.
Esto se debe a que el Crown Estate tomó la consideración de que el príncipe Andrés pagó todos sus "granos de pimienta" por adelantado cuando financió el acondicionamiento de la residencia en la que vivió la Reina Madre. De modo que desde que entró a vivir allí no paga el alquiler que se considera en 260.000 libras al año. De allí que medios como The Times, Daily Mail o Telegraph publiquen el príncipe Andrés lleva 22 años sin pagar alquiler, es decir, desde que entró a vivir en una propiedad que es Patrimonio de la Corona, aunque se gestione como un organismo público independiente, cuyas propiedades no están al alcance de todos.
Hay que dejar claro que lo que está haciendo el príncipe Andrés es perfectamente legal: él no paga alquiler anual por vivir en el Royal Lodge porque así lo acordó con el Crown Estate mediante un acuerdo de arrendamiento sólido y que incluye ese alquiler simbólico. Un contrato que dura hasta el 2078 y que recoge que si el príncipe Andrés se marcha antes de la propiedad, el Crown Estate debe pagarle medio millón de libras por las inversiones realizadas.
Teniendo en cuenta las últimas informaciones en torno al príncipe Andrés y que no tiene funciones oficiales, este contrato de arrendamiento, aunque legal, plantea dudas éticas y políticas que están generando controversia e indignación en el Reino Unido, porque ponen en evidencia que, aunque el príncipe Andrés renuncie a usar su título de duque de York, y no al título en sí, así como todos los privilegios que le rodean desde que ha nacido, se mantienen intactos. Entre ellos vivir en una mansión de 30 habitaciones en medio de terrenos reales y sin pagar alquiler.
Sin embargo, fuentes del Daily Mail han subrayado que aún quedan dudas sobre cómo el hermano del Rey puede permitirse la enorme propiedad de 30 habitaciones, que conlleva unos costes de funcionamiento multimillonarios. Según investigaciones del citado medio, no se cree que Andrés haya recibido herencias importantes de Isabel II o de la Reina Madre, lo que plantea nuevas preguntas sobre cómo puede permitirse permanecer en la propiedad, en particular cuando ahora no recibe ninguna asignación personal del Rey ni financiación pública.
Este asunto tiene otra derivada y es que el medio británico recuerda que es posible que "muchos de los problemas del príncipe Andrés, en particular aquellos que le llevaron sentirse atraído por Jeffrey Epstein y otros personajes sospechosos, se derivan de perseguir un estilo de vida que simplemente no puede permitirse". Una conjetura que se sustenta con base en las evidencias recientes que sugieren que Jeffrey Epstein podría haber financiado a Sarah Ferguson durante al menos 15 años, mucho más allá del único pago de £15,000 que ella misma admitió públicamente.
Hay que recordar que el rey Carlos III ha intentado persuadir a su hermano menor para que cambie su lujosa residencia, catalogada como Grado II y protegida por su valor histórico, por otra propiedad más modesta de las que tienen en cartera. Eso sin olvidar que, los príncipes de Gales, por ejemplo, llevando el peso de la vida institucional y teniendo un rango jerárquico superior al suyo, han ocupado siempre residencias más sencillas para lo que son los parámetros reales. Pero el príncipe Andrés, a sus 65 años y un enorme apego a su estatus real, permanece parapetado en ese contrato de arrendamiento inamovible y Carlos III no tiene derecho legal a expulsarlo.