El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha dictado hoy una providencia para que la Agencia Tributaria informe sobre las cuentas corrientes, depósitos y activos financieros de Iñaki Urdangarín y Diego Torres, en vista a cubrir la fianza civil solidaria de 8,1 millones de euros. Urdangarín y Torres deben responder a la fianza civil impuesta por este caso, donde se investiga el presunto desvío de 6,1 millones de las administraciones balear y valenciana al Instituto Nóos, gestionado por ambos. Fuentes jurídicas han explicado a Efe que en un proceso como éste lo primero que se procura para atender la fianza civil es conseguir dinero en efectivo de los imputados, y en una segunda fase se recurriría al embargo sus bienes. Además, el magistrado ha aceptado en su providencia la solicitud del sindicato Manos Limpias, personado en la causa como acusación popular, y también preguntará a la Agencia Tributaria si Urdangarín y Torres, así como sus esposas, se han acogido a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno. La petición requiere que se practiquen las pruebas pertinentes para comprobar si se han acogido a la amnistía fiscal tanto personas físicas o alguna de las empresas ligadas al Instituto Noós, por lo que el juez trasladará esta solicitud a la Agencia Tributaria. En cuanto a la fianza civil de 8.189.448,44 euros, fue fijada por el juez el pasado día 30 en enero por las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran atribuirse a ambos en el caso Nóos. La cantidad, que se ajusta a lo solicitado por la Fiscalía y Manos Limpias, corresponde a los fondos públicos de Baleares y la Comunidad Valenciana percibidos por Nóos entre 2004 y 2007 por diversos contratos presuntamente irregulares, más un tercio añadido de esa cantidad como se hace habitualmente en cálculos procesales. Tanto el duque de Palma como su exsocio presentaron sendos recursos de reforma contra la fianza y rechazaron que el Instituto Nóos cometiera algún delito. En su recurso, el abogado de Urdangarín calificó la fianza de "desproporcionadamente excesiva" porque crearía un "empobrecimiento injusto" al duque de Palma, que se vería obligado a pagar importes ya abonados a Hacienda en concepto de IVA e IRPF, y además advirtió de que podría acudir al Tribunal Constitucional por considerar que se ha vulnerado su derecho de defensa en la instrucción. Por su parte, la defensa de Torres rechazó que la caución sea solidaria para los dos cuando quien siempre "disponía, decidía y ordenaba" en el Instituto Nóos era Urdangarin y, en todo caso, él no sería autor de los hechos que se investigan, sino "todo lo más partícipe". Tras declarar el pasado sábado por segunda vez, Urdangarín no volverá a comparecer en los Juzgados de Palma en el actual periodo de instrucción del caso Noós, salvo que se conocieran documentos o hechos relevantes que precisaran su comparecencia para dar su versión de los hechos y no crear indefensión. Por tanto, el duque de Palma no tendrá que regresar a la capital balear por este asunto hasta que se celebre el juicio, probablemente en el año 2014.