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Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, se encargará de la defensa de la infanta Cristina

Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, se encargará de la defensa de la infanta Cristina

El abogado catalán Miquel Roca Junyent, uno de los padres de la Constitución, ha recibido el encargo personal del Rey Juan Carlos de defender a la infanta Cristina tras su imputación en el caso Nóos, tal y como publica La Vanguardia. Roca, que ha confirmado que asume "responsabilizado" la defensa de la infanta, con la que ya ha hablado, contará para su defensa con el penalista Jesús María Silva, cuyo despacho colabora en causas penales con el de Roca. Miquel Roca, que a finales de mes cumplirá 73 años, fue uno de los fundadores de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), diputado entre 1977 y 1995, y uno de los siete redactores de la Constitución de 1978. Tras abandonar la política, fundó un despacho de abogados en el que, según su página web, trabajan 240 profesionales y que cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid, Lleida, Girona, Palma de Mallorca y, fuera de España, en Shanghai. Esta misma mañana se ha hecho público que, finalmente, la infanta no prestará declaración el próximo 27 de abril en los Juzgados de Palma después de que el juez instructor, José Castro, haya suspendido su comparecencia a raíz del recurso presentado hoy por la Fiscalía Anticorrupción, que no ve indicios para que esté imputada. El juez remitirá en los próximos días a la Audiencia Provincial de Palma el recurso del fiscal para que decida si finalmente la infanta Cristina debe declarar en esta causa como imputada o no, tal y como defiende el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach. En caso de que se desestime el recurso de la Fiscalía, el juez Castro fijará un nuevo día y hora para la comparecencia en los juzgados de la capital balear de la infanta, a la que defenderá el abogado Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución. El fiscal ha acudido hoy personalmente al juzgado de Instrucción número 3 de Palma para presentar al magistrado el recurso de apelación de veinte páginas en el que solicita la revocación del auto que imputa a la infanta. El fiscal considera que los indicios de cooperación o complicidad que apuntó el juez Castro para justificar la citación de la hija del Rey son meras "sospechas personales" o circunstancias "inocuas", "inconsistentes", "equívocas" o "especulativas", de manera que entiende que imputarla por "hechos que a priori no presentan rasgos delictivos" supone "un trato discriminatorio". Según Horrach, nada ha cambiado en la situación procesal de la infanta Cristina desde que el juez y la Audiencia de Palma rechazaran en 2012 imputarla en esta causa que investiga el presunto desvío de más de 6 millones de fondos públicos al Instituto Nóos y la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis). El fiscal entiende que los argumentos del juez son "esencialmente" los mismos que expuso la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias para solicitar la imputación en febrero de 2012, y que fueron desestimados "por inconsistentes y débiles" por el propio magistrado y por la Audiencia de Palma. "El procedimiento judicial persigue la búsqueda de la verdad material, no de ajustarla a expectativas o sospechas personales, deformándola", afirma el fiscal en su escrito en el que rebate uno por uno los 14 indicios detallados por el juez en el auto en el que imputó a la infanta. Para la Fiscalía, los únicos hechos incuestionables sobre doña Cristina de Borbón que se ha podido extraer de la investigación es que figuraba como vocal del Instituto Nóos, que su nombre aparecía en el folleto publicitario de la entidad y que tenía un 50 % de participación en la empresa Aizoon. El fiscal reprocha al juez que en su auto no realice una "valoración incriminatoria concreta", ni explicite qué norma del código penal ha infringido presuntamente la infanta. En su camino hasta el despacho de Castro, rodeado de numerosos periodistas, el fiscal anticorrupción balear ha asegurado que no ha recibido "ninguna presión" por parte de la Fiscalía General del Estado en relación a este caso judicial. Menos de dos horas después de que el fiscal registrara su escrito, el juez ha dictado una providencia señalando que no procede mantener la citación del 27 de abril, ya que "su mantenimiento haría ineficaz y carente de contenido el recurso" de la Fiscalía, que deberá resolver la Audiencia Provincial de Palma. El juez ha notificado hoy mismo el recurso a las partes personadas en esta causa y les ha dado cinco días para que se pronuncien y puedan plantear las alegaciones que consideren oportunas al escrito del fiscal.

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