El anuncio del aplazamiento de Verifactu —el sistema de facturación certificada de Hacienda diseñado para impedir el uso de software que borra ventas o permite la contabilidad B— ha generado confusión entre pymes, autónomos y, en general, entre quienes han visto el término aparecer de repente en titulares. La norma iba a entrar en vigor en 2026, pero su obligatoriedad se desplaza ahora al 1 de enero de 2027 para las empresas y al 1 de julio de 2027 para los autónomos.
Un retraso motivado por la falta de preparación
La decisión llega en un contexto en el que la gran mayoría del tejido productivo no estaba listo. Hasta mediados de noviembre, solo un 8% de pymes y autónomos había iniciado la implantación, y muchos sectores reclamaban más tiempo para adaptarse. El aplazamiento permite reorganizar calendarios, resolver dudas y evitar que el sistema arranque con una ola de confusión sobre quién debe acogerse y cómo debe hacerlo.
Aun así, el fondo de la medida permanece intacto. Verifactu sigue siendo un paso firme hacia la digitalización obligatoria de todas las facturas, con registros inalterables y código QR verificable. El objetivo continúa siendo combatir el fraude y garantizar una trazabilidad real de cada operación.
La visión de los expertos: margen, pero no marcha atrás
Desde el sector tecnológico se interpreta este aplazamiento como un margen razonable, pero no como un cambio de rumbo. Álvaro Villa, director general de Alegra en España, software homologado por la Agencia Tributaria, lo resume así: “El retraso de VeriFactu hasta 2027 da un respiro al tejido productivo, pero no cambia el sentido de fondo de la norma, que es avanzar hacia una facturación más transparente, trazable y alineada con la lucha contra el fraude fiscal. Este aplazamiento reafirma que la digitalización no es opcional sino inevitable y que estar preparado, con un software homologado, es la mejor manera de evitar la urgencia de última hora y garantizar un control eficiente y seguro de las obligaciones fiscales”.
Cómo funciona Verifactu y qué exigirá a partir de 2027
El funcionamiento del sistema es sencillo en su planteamiento: cada factura deberá generarse desde un software certificado que cree un registro único e inalterable. Ese documento incluirá un código QR que permitirá comprobar su validez e identificar si ha sido registrado o enviado a la Administración tributaria. Aunque no funciona exactamente igual que TicketBai —el sistema vasco, que exige comunicación inmediata—, sí establece un control real y verificable de cada factura emitida.
Las sanciones tampoco cambian con el aplazamiento. Continuarán siendo elevadas para quienes utilicen software no homologado o manipulen registros, con multas de hasta 50.000 euros en casos de incumplimiento.
Alternativas accesibles para adaptarse sin grandes costes
La prórroga da un año extra para prepararse, pero también abre una oportunidad para planificar la adaptación de manera ordenada. Para muchas pymes, el mayor temor es el coste asociado a la digitalización, aunque existen alternativas gratuitas. Como recuerda el experto: “Muchas pymes están preocupadas por la inversión y dedicación que puede suponerles la digitalización. Sin embargo, existen opciones accesibles y gratuitas diseñadas específicamente para satisfacer sus necesidades y que, por supuesto, están homologadas para cumplir con Verifactu. Es el caso de Alegra, que permite anticiparse al cumplimiento normativo gratis”.
En definitiva, el retraso de Verifactu no cambia el destino, solo el ritmo. La digitalización fiscal llegará igualmente y será obligatoria para todos. La diferencia es que ahora existe margen para hacerlo con más claridad, menos presión y mejores herramientas.






