El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la nueva Ley de Movilidad Sostenible, una norma llamada a transformar la manera en que nos desplazamos por nuestras ciudades y pueblos. Aunque todavía no ha entrado en vigor —falta que supere el trámite del Senado y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE)—, se espera que empiece a aplicarse en los próximos meses, durante el primer semestre de 2026.
© Getty Images/Westend61Suena técnico, pero en realidad tiene mucho que ver con nuestra vida diaria: cómo iremos al trabajo, qué transporte elegiremos o incluso cuánto tardaremos en llegar a casa.
La ley pone el foco en algo que hasta ahora dábamos por hecho: movernos es un derecho. A partir de 2026, el Estado tendrá la obligación de garantizar que cualquier persona —viva donde viva— pueda desplazarse de forma accesible, limpia y eficiente. Para conseguirlo, se impulsará el transporte público, la bicicleta y los vehículos eléctricos, y se exigirá a las grandes empresas que elaboren planes de movilidad para reducir los desplazamientos en coche privado.
No se trata solo de proteger el medioambiente, sino también de mejorar la calidad de vida: menos contaminación, menos ruido, menos tiempo perdido en atascos. Y aunque los cambios serán graduales, esta ley marca el inicio de una transformación profunda hacia un modelo de movilidad más moderno, digital y humano.
Para entender cómo nos afectará realmente, hablamos con Javier Goikoetxea, CEO de Next Mobility, experto en movilidad inteligente y profesor de Innovación y Transformación Digital en la Universidad Francisco de Vitoria, que nos ayuda a aterrizar —de forma clara y práctica— qué implicaciones tendrá esta ley en nuestro día a día.
¿Qué va a notar realmente el ciudadano cuando esta ley entre en vigor en 2026?
La ley pone las bases para una red de transporte más integrada y digitalizada, lo que seguramente redundará en que moverse será más sencillo y predecible. Eso significa que el ciudadano podrá combinar tren, autobús, bicicleta o coche compartido en un mismo trayecto y planificarlo desde una única aplicación. También habrá más puntos de recarga eléctrica, mejor información en tiempo real y un transporte público más fiable gracias al uso de datos e inteligencia artificial.
En el fondo, esta ley busca algo muy humano: que movernos deje de ser una fuente de estrés y pase a ser parte natural de la vida cotidiana. Se trata de devolver tiempo y bienestar a la gente, no solo de cambiar de vehículo.
La ley impulsa el transporte público y la bicicleta frente al coche privado. ¿Esto significa que será más difícil o más caro usar el coche?
No, en absoluto. La ley no pretende castigar al conductor, sino ofrecer mejores opciones para conductores y peatones. Durante años el coche privado ha sido casi la única alternativa viable para muchos desplazamientos, y eso genera dependencia. Lo que busca el nuevo modelo es equilibrar el sistema: hacer que el transporte público, la bici o el coche compartido sean tan cómodos y accesibles que no haya que elegir entre sostenibilidad y practicidad.
En los próximos años veremos aparcamientos disuasorios conectados con líneas de transporte, zonas de bajas emisiones más racionales y vehículos eléctricos con más autonomía y menos coste por kilómetro. El coche seguirá siendo importante, pero en un ecosistema donde cada modo de transporte se complementa con los demás.
© unai - stock.adobe.comSe reconoce la movilidad como un “derecho ciudadano”. ¿Qué implica eso, sobre todo para quienes viven fuera de las grandes ciudades?
Significa que el acceso a la movilidad se convierte en un elemento de igualdad social, al mismo nivel que la educación o la energía. No importa si vives en Madrid o en un pueblo de Teruel: el Estado tendrá la obligación de garantizar que puedas acceder al trabajo, la sanidad o la formación sin depender necesariamente del coche privado.
Para los entornos rurales esto puede traducirse en servicios de transporte a demanda, rutas compartidas, microbuses eléctricos o soluciones digitales que optimicen los desplazamientos. Y para las administraciones, supone un cambio profundo en la forma de planificar: la movilidad pasa a medirse por su valor social, no solo por su rentabilidad económica.
La norma prevé un fondo estatal para financiar el transporte urbano y avanzar hacia flotas eléctricas. ¿Cómo se traducirá eso en mejoras reales?
El nuevo Fondo Estatal de Movilidad Sostenible permitirá a los ayuntamientos renovar flotas de autobuses por vehículos eléctricos o de hidrógeno, ampliar carriles bus y reforzar la interconexión metropolitana. Pero la gran diferencia es que esta financiación será estable y predecible.
Hasta ahora, muchas ciudades dependían de ayudas puntuales. Con este fondo, podrán planificar a largo plazo, invertir en digitalización y medir resultados. El ciudadano lo notará, por un lado, que los autobuses serán más silenciosos, menos contaminantes y con horarios fiables y por otro, como la infraestructura de recarga eléctrica crece a más velocidad. Y eso tiene un impacto directo en la calidad del aire, la salud y el bienestar urbano.
Las grandes empresas deberán tener planes de movilidad sostenible. ¿Qué cambiará para los trabajadores?
El cambio será más grande de lo que parece. En lugar de tener cada empleado usando su coche a diario, las empresas deberán diseñar planes para reducir esos desplazamientos o hacerlos más eficientes: transporte compartido, lanzaderas, incentivos al uso de bici o transporte público, e incluso programas de teletrabajo.
Las compañías que lo hagan bien no solo reducirán su huella de carbono, también ganarán en productividad. En Next Mobility ya trabajamos con modelos que permiten a las empresas certificar su ahorro energético y hasta monetizarlo gracias a los Certificados de Ahorro Energético (CAE), un sistema oficial que puede generar hasta 150 euros al año por vehículo. Es un ejemplo claro de cómo la sostenibilidad puede ser rentable.
© Getty ImagesLa ley crea un “Espacio Nacional de Datos de Movilidad”. Explicado de manera sencilla, ¿qué es y para qué servirá?
Podemos imaginarlo como una gran “nube” de movilidad en la que se comparten datos de transporte público, tráfico, emisiones, aparcamientos, bicicletas y vehículos conectados. Esa información servirá para coordinar mejor los servicios, evitar duplicidades y anticipar problemas antes de que ocurran.
Por ejemplo, si una ciudad sabe en tiempo real cuántos autobuses están en ruta, dónde hay atascos o cuánta energía se está consumiendo, puede optimizar todo el sistema. Es un salto enorme hacia la eficiencia. Y además abrirá oportunidades para nuevas aplicaciones que ayuden al ciudadano a moverse de forma más inteligente.
© Anadolu via Getty Images¿España está preparada tecnológicamente para este salto hacia la movilidad inteligente y sostenible?
Diría que sí, pero aún vamos un paso por detrás de las grandes potencias en la aplicación práctica. España tiene talento, infraestructuras y empresas muy avanzadas en inteligencia artificial, big data y gestión energética, pero nos falta velocidad y, sobre todo, un marco regulatorio que acompañe.
En Asia o en Estados Unidos ya existen ciudades donde la movilidad conectada es una realidad: los semáforos se coordinan con los coches en tiempo real, los datos del transporte se cruzan con los de energía o meteorología, y los vehículos autónomos circulan en entornos controlados. En Europa, en cambio, la innovación avanza más despacio porque la regulación sobre inteligencia artificial y privacidad es más restrictiva.
Eso no es necesariamente malo: garantiza seguridad jurídica y confianza, pero ralentiza la experimentación. Por eso es tan importante el sandbox de movilidad que contempla la nueva ley: un espacio donde se pueda probar tecnología real —vehículos automatizados, IA de gestión de tráfico o integración energética— sin esperar años a que cambie la normativa.
En definitiva, España tiene los mimbres, pero para dar el salto necesitamos más flexibilidad regulatoria y más cultura de colaboración entre lo público y lo privado. El potencial está ahí; falta convertirlo en resultados.
Si todo esto funciona como está previsto, ¿cómo se moverá un ciudadano español dentro de 10 años?
Dentro de diez años la movilidad será mucho más fluida. Usaremos apps que integrarán todos los medios de transporte —públicos, privados y compartidos—. Los coches serán eléctricos y una muy buena parte de la movilidad se realizará mediante vehículos autónomos. Todo ello redundará en que las ciudades serán más silenciosas, tengamos menos emisiones y, por tanto, moverse será más fácil, más simple, más barato y seguro.
