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Ocho años después del crimen que conmocionó a toda España, Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz —conocido como 'el Pescaíto'— ha vuelto a alzar la voz. Esta vez lo ha hecho visiblemente afectada y con una denuncia tan grave como inquietante: desde prisión, Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo, habría manifestado su intención de matarla.
© Getty ImagesEn una comparecencia pública celebrada en Almería, Ramírez ha denunciado una situación de absoluta desprotección institucional y judicial, asegurando que ha sido ignorada por las autoridades pese a las amenazas directas contra su vida y las irregularidades que viene denunciando desde hace un año.
"Entré en alarma cuando supe que quería vengarse de mí. La asesina de mi hijo dijo que me quería matar por haber impedido que siguiera grabando un documental desde prisión. Lo primero que hice fue acudir a la Guardia Civil. Pedí protección, tengo miedo. Pero archivaron la denuncia", relató entre lágrimas.
© Getty ImagesLa situación que describe no se queda ahí. Según Ramírez, Ana Julia Quezada habría contado con tratos de favor en prisión, acceso a teléfonos móviles —con los que presuntamente grababa un 'true crime' sobre el asesinato— y habría mantenido relaciones sexuales con funcionarios a cambio de beneficios, como la tenencia de dispositivos o incluso un posible traslado a otro centro penitenciario. Una investigación judicial en curso, confirmada por medios como El País y laSexta, apunta ya a dos trabajadores de la cárcel de Brieva, supuestamente implicados en esta red de favores.
"Desde mayo del año pasado vengo advirtiendo que esta mujer tenía móviles en prisión, relaciones con funcionarios y que se estaban cometiendo irregularidades graves. Nadie me escuchó", denuncia. De hecho, asegura que el día en que salió a hacer pública esta información se realizaron registros en la cárcel, pero que Quezada habría sido avisada previamente. "El teléfono salió de su celda y, según mis fuentes, acabó en casa de un funcionario".
© GTRESLa madre del pequeño Gabriel también ha denunciado que se le impidió personarse como acusación particular en el proceso judicial que se abrió a raíz de sus denuncias: "Me dicen que no soy perjudicada. ¿Cómo puede no ser perjudicada una madre a la que su asesina amenaza con matarla?".
Más allá del plano legal, Ramírez describe un año de miedo, amenazas, llamadas anónimas, insomnio y sufrimiento psicológico. "No vivo. No me dejan vivir. Estoy intentando hacer mi duelo y no me dejan". Las declaraciones han encendido la alarma pública sobre el trato que reciben las víctimas frente a los privilegios que, denuncia, se otorgan a ciertos reclusos.
© GTRESCon un cartel a sus espaldas que rezaba "Nuestros peces no se venden", Patricia ha reiterado que no se rendirá. "Comparezco aquí como madre de Gabriel. Y lo seguiré haciendo cada vez que intenten manchar su memoria. Porque cuando las víctimas guardamos silencio, perdemos la capacidad de defender nuestros derechos".
En su intervención, ha pedido a los ministerios de Interior y Justicia que actúen con firmeza: "Quiero que la Fiscalía me llame. Estoy dispuesta a entregar todas las pruebas, las fuentes y los documentos que tengo. Porque esto tiene que llegar hasta el final". También ha reclamado un cambio legislativo que refuerce la protección a las víctimas y evite que sus agresores puedan protagonizar documentales, entrevistas o publicaciones sin su consentimiento.
"No se puede permitir que nuestros asesinos se conviertan en famosos mientras a las víctimas se nos ningunea", ha sentenciado.
