La Administración tributaria española ha dado un paso decisivo para combatir el fraude fiscal y mejorar la transparencia: a partir del próximo ejercicio entrará en vigor una normativa que obliga a las entidades bancarias y de dinero electrónico a reportar a Hacienda los movimientos realizados con tarjetas cuando el volumen supere los 25.000 euros al año.
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Según el nuevo Real Decreto 253/2025, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, los bancos deberán remitir una declaración informativa en la que consten los datos identificativos del titular de la tarjeta; ya sea de débito, crédito o prepago, junto con el volumen total de cargos y abonos registrados durante el año.
De esta forma, se abre una ventana de acceso directo de la Agencia Tributaria al detalle de las operaciones con tarjeta que hasta ahora quedaban más “discretas”.
Este cambio forma parte de un plan más amplio de medidas para aumentar el control sobre operaciones bancarias y financieras: se amplían las obligaciones de las entidades para informar sobre cuentas corrientes, de ahorro o de pago, préstamos, créditos, saldos, movimientos en efectivo y otros instrumentos.
Para el ciudadano de a pie, la pregunta es: ¿qué implica esto en la práctica? Si durante un año natural tus movimientos con tarjetas superan los 25.000 euros: sumando cargos y abonos, tu banco deberá enviar esta información a Hacienda. Pero no solo eso: el titular será identificado, y la entidad informará del tipo de tarjeta utilizada, lo que abre una vía de control más exhaustiva.
Aunque el umbral podría parecer elevado, en determinados perfiles (viajes frecuentes, compras de alto importe, actividades profesionales o empresariales) podría alcanzarse con cierta facilidad, por lo que conviene estar informado.
Pago electrónico masivo
Desde el punto de vista institucional, el objetivo es claro: reducir la economía sumergida, endurecer el cerco al blanqueo de capitales y asegurar que los grandes movimientos se vinculen correctamente a contribuyentes declarados. Esta medida forma parte de la “nueva normalidad” de control financiero digital, adaptada a los tiempos del pago electrónico masivo.
Pero no faltan voces que alertan sobre el impacto en la privacidad personal. Algunos analistas advierten que esta obligación, aunque legal, puede percibirse como una ampliación significativa del escrutinio estatal sobre la vida económica de los ciudadanos.
A partir del próximo año, cada movimiento con tarjeta tendrá más importancia. No solo por lo que se compra o se ingresa, sino porque los bancos deberán informar, y Hacienda sabrá más. Si eres usuario habitual de tarjeta o profesional que opera con medios de pago electrónicos, conviene revisar tus movimientos y mantener una buena trazabilidad: en materia fiscal, cada detalle cuenta.