La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia por presunta agresión sexual contra Julio Iglesias tras concluir que España no tiene jurisdicción para investigar los hechos. El Ministerio Público abrió diligencias el pasado 5 de enero para analizar la denuncia presentada por dos extrabajadoras del artista, que aseguraban haber sufrido agresiones sexuales y otros delitos en República Dominicana y Bahamas en 2021. Sin embargo, la Fiscalía determina que los tribunales españoles “carecen de competencia” porque los hechos ocurrieron en el extranjero, las denunciantes son extranjeras y el cantante no reside en España
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En su decreto de archivo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional subraya que “no se cumplen los requisitos legales para que España pueda asumir la investigación”, lo que impide continuar con las diligencias preprocesales. Las actuaciones se habían iniciado para valorar la verosimilitud de los hechos y determinar si existían indicios suficientes para avanzar hacia un procedimiento penal, pero el Ministerio Público concluye que “no existe base jurídica para seguir adelante”. El escrito insiste en que la Audiencia Nacional solo puede intervenir en los supuestos previstos por la ley y que, en este caso, “la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español”, concretamente en República Dominicana y Bahamas. Añade que las personas denunciadas “ni residen en España ni mantienen en este país su centro de vida, intereses o actividad, con independencia de que Julio Iglesias tenga propiedades inmobiliarias” .
La denuncia se basaba en testimonios publicados en una investigación periodística que relataba presuntos episodios de acoso, agresiones sexuales, humillaciones y un ambiente laboral de control y presión. La Fiscalía tomó declaración el pasado martes y miércoles a las dos mujeres como testigos protegidos, pero concluyó que, aun existiendo denuncia, no puede continuar con la investigación al no tener jurisdicción para ello.
La defensa de Iglesias también pidió el archivo
El cantante negó las acusaciones en todo momento y contrató para su defensa a uno de los abogados penalistas más famosos de nuestro país, el exmagistrado José Antonio Choclán. El letrado también había solicitado el archivo por la misma razón: la ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles. Cuatro días después de esa petición, la Fiscalía ha adoptado la decisión de cerrar las diligencias, lo que deja la vía abierta únicamente a que las denunciantes continúen el procedimiento en los países donde supuestamente ocurrieron los hechos. El decreto del Ministerio Público añade que no consta “ningún vínculo personal o territorial” de las denunciantes con España ni que las autoridades de República Dominicana o Bahamas hayan renunciado a actuar o estén imposibilitadas para hacerlo. Por ello, concluye que España no puede aplicar ningún principio que justifique intervenir, pese a que Iglesias tenga nacionalidad española.
“El Tribunal Supremo señala expresamente los límites a la expansión extraterritorial de la jurisdicción, recordando que no corresponde a España investigar hechos cometidos fuera de sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello”, incide la Fiscalía en su escrito. La organización Women’s Link Worldwide presentó la denuncia a primeros de enero en nombre de las dos exempleadas del cantante —una de nacionalidad brasileña y otra colombiana—.
La ONG explicó que acudió a la justicia española por el marco legal existente en materia de trata y violencia contra las mujeres, y porque la nacionalidad española de Julio Iglesias podría, en su criterio, habilitar la intervención de los tribunales españoles. Sin embargo, la decisión de archivar el caso supone un revés para esta estrategia, aunque no impide que la asociación acuda ahora a los tribunales de los países donde supuestamente ocurrieron los hechos o abrir la vía penal, presentando una querella directamente ante los juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional, como recoge El País.
Julio Iglesias aclara a ¡HOLA! cómo se encuentra
La resolución de la Fiscalía llega en un momento en el que también habían circulado informaciones sobre un supuesto empeoramiento del estado de salud de Julio Iglesias. Algunos medios publicaron que el artista se encontraba “muy afectado anímicamente” por la evolución del caso, antes de conocerse la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, y que incluso su entorno habría alertado a su esposa, Miranda Rijnsburger, para que viajara con urgencia desde Miami.
Tras estas publicaciones, HOLA! se puso en contacto directamente con el cantante, quien desmintió las informaciones. Lo que nos traslada Julio Iglesias es que se encuentra tranquilo y que de salud está "perfectamente". Sin duda, un mensaje de tranquilidad después de todo el revuelo que se ha generado. Desde Miami, Miranda —que reside allí para estar cerca de sus hijos, según petición del propio artista— también se muestra “tranquila” y apoyándole como siempre.
Hace apenas unos días, la modelo neerlandesa —con quien se casó en agosto de 2010 y madre de sus cinco hijos menores— ya había mostrado públicamente su apoyo con un mensaje rotundo: “A tu lado siempre”. Julio Iglesias respondió a esas palabras con un corazón, un gesto con el que agradecía el respaldo de su esposa.
Todo ello llega apenas un día después de que el artista volviera a pronunciarse públicamente. Ayer, Julio Iglesias difundió en su perfil oficial de Instagram un nuevo comunicado en el que aseguraba sentirse obligado a intervenir tras la negativa del Ministerio Público a facilitarle acceso formal a la denuncia. En ese mensaje reiteraba la “absoluta falsedad” de los hechos que se le atribuyen y acompañaba su defensa con seis capturas de conversaciones de WhatsApp que, según él, evidenciarían la incoherencia del relato de las denunciantes.
Con la decisión de la Fiscalía, se cierra por ahora un capítulo del proceso. Sin embargo, habrá que esperar si las denunciantes toman otras vías jurídicas y cuál será la respuesta de Julio Iglesias, quien, de momento, ha visto cómo la justicia española descarta cualquier intervención al considerar que no tiene competencia para investigar los hechos.