La Seguridad Social ha hecho oficial la revalorización de las pensiones que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, después de que el Consejo de Ministros aprobara en diciembre el real decreto que fija los nuevos porcentajes.
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La medida, que responde a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) y a compromisos de política social, busca proteger el poder adquisitivo de los jubilados y de los colectivos más vulnerables ante el incremento generalizado de los precios.
La subida generalizada
La revalorización de las pensiones contributivas, aquellas que reciben quienes han cotizado al sistema a lo largo de su vida laboral, será del 2,7 % en 2026 con carácter general. Este ajuste está directamente ligado a la evolución del IPC interanual, tal y como recoge la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021.
Este incremento afecta a más de 10,4 millones de pensiones contributivas gestionadas por la Seguridad Social, así como a las prestaciones del régimen de Clases Pasivas del Estado.
Para un pensionista que cobra la pensión media de jubilación, esta subida se traducirá, según estimaciones oficiales, en unos 570 euros adicionales al año antes de impuestos y pagados en las 14 mensualidades habituales del sistema español.
Incrementos mayores para las pensiones mínimas y otros colectivos
Aunque el aumento general es del 2,7 %, la revalorización es más generosa para las pensiones mínimas y más bajas del sistema. Estas pensiones, que corresponden a quienes tienen menos recursos, subirán en torno a un 7 % en 2026, un porcentaje que supera con creces la media general y que pretende acercar estas prestaciones a estándares de suficiencia.
Además, determinados grupos de pensionistas verán incrementos todavía más importantes. Es el caso de las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares, que aumentarán un 11,4 %, el mismo porcentaje que se aplicará a las pensiones no contributivas, destinadas a personas que no han alcanzado los requisitos contributivos, y al Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Este enfoque diferencial responde a decisiones políticas para reforzar la protección social de quienes tienen mayores dificultades económicas y no solo a un ajuste automático por inflación.
Cuantías concretas
Para hacer más tangible el impacto de estos incrementos, las cifras oficiales publicadas detallan algunas de las cuantías que cobrarán los beneficiarios:
- Pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años en hogares individuales: alrededor de 936,20 € mensuales.
- Pensión mínima con cónyuge a cargo: cerca de 1.256,60 € mensuales.
- Pensiones no contributivas: alrededor de 629,08 € mensuales.
- Pensión máxima del sistema: cerca de 3.359,60 € al mes o 47.034 € al año.
Estos importes entrarán en vigor a partir del primer día de enero de 2026, con el pago en la nómina correspondiente a ese mes.
Razones del ajuste
La subida de las pensiones en España para 2026 se sustenta en dos pilares principales. Por un lado, el ajuste automático según el IPC permite que las pensiones no pierdan poder adquisitivo frente al encarecimiento de bienes y servicios.
Por otro, las elevadas subidas para los tramos más bajos forman parte de un esfuerzo deliberado del Gobierno para reforzar las prestaciones sociales y reducir la pobreza monetaria entre jubilados y personas en situación de vulnerabilidad.
El uso de un real decreto para fijar estos incrementos se explica en parte porque no se habían aprobado todavía los Presupuestos Generales del Estado de 2026, lo que ha obligado a incluir la medida en un paquete legislativo más amplio.
Reacciones y próximos pasos
La decisión de revalorizar las pensiones ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Organizaciones de jubilados y entidades del tercer sector han valorado positivamente el esfuerzo por proteger a los pensionistas más vulnerables, aunque algunos grupos han reclamado que los aumentos sean todavía mayores para compensar el impacto de los precios en productos básicos y servicios esenciales.
En el plano institucional, el incremento debe ser ratificado por el Parlamento en las primeras semanas del año, aunque se da por sentado que el respaldo será mayoritario dada la naturaleza de la medida.
Con estos cambios, España afronta 2026 con una política de pensiones que busca equilibrar el mantenimiento del poder adquisitivo con un enfoque más amplio de justicia social. Para millones de pensionistas, las cifras oficiales ya anticipan un mayor ingreso en sus bolsillos desde el comienzo del nuevo año.