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El 29 de agosto de 2024, la justicia de Tailandia condenó a Daniel Sancho a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento del cirujano Edwin Arrieta, de 44 años, cuyos restos fueron hallados a comienzos del mismo mes en el 2023 en la isla de Koh Phangan, donde ambos habían quedado para pasar unos días de vacaciones. Desde entonces, el chef permanece entre los muros de la prisión de Surat Thani, una de las cárceles más peligrosas del mundo y en la que según el último informe sobre el estado de las cárceles publicado este año por FIDH y la Unión por la Libertad Civil (UCL, sigla en inglés), se hacinan los presos en cárceles mal ventiladas, hay comida y agua de mala calidad y hasta, en algunas ocasiones, se llegan a propinar castigos corporales. Ahora, sus abogados, tienen un objetivo claro: rebajar su pena. Por ello, presentaron un recurso de apelación del que ahora se han conocido más detalles.
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Tras nueve meses en la prisión de Surat Thani tras ser condenado a cadena perpetua el pasado 29 de agosto por el asesinato premeditado y posterior descuartizamiento del cirujano colombiano, la defensa de Sancho, encabezada por el abogado Marcos García Montes, presentó un recurso a la sentencia ante el tribunal de Phuket el pasado 26 de marzo. Un escrito compuesto de 400 páginas que fue presentado por el abogado de oficio que litiga en Tailandia, Aprichat Srinuel, con la firme esperanza de que el juez cambie de opinión y "se dicte una nueva sentencia", ya que esta petición, informaron que se debe a que "casi inmediatamente después de la lectura de la sentencia surgieron nuevas circunstancias que constituyen una prueba completamente nueva".
Ahora, se han conocido nuevos detalles sobre este recurso. El Periódico publica que en esta petición, se hacen fuertes acusaciones contra la policía tailandesa y los abogados de Daniel Sancho piden que se vuelva a realizar el juicio pero de forma abierta y con libre acceso a los medios de comunicación. La defensa del chef sostienen la policía tailandesa hizo desaparecer una parte del cadáver de Arrieta, concretamente el torso, para mantener la acusación de asesinato premeditado contra el ciudadano español.
Según publica el citado medio de comunicación, en un primer informe policial del 6 de agosto de 2023, "se descubrieron restos humanos, concretamente la cabeza, los brazos y el torso, contenidos dentro de una bolsa de plástico negra". Sostienen que "tras el descubrimiento del torso y la evidente ausencia de heridas de arma blanca, contrariamente a lo que esperaban los agentes de policía, este trozo concreto de los restos del fallecido se convirtió en una prueba que no se ajustaba a la narrativa preconcebida de los funcionarios encargados de la investigación" y que la desaparición de esas pruebas fue "intencionada y que los policías optaron por eliminar discretamente estas pruebas inconvenientes".
También detallan en el recurso, "que habían predeterminado una narrativa que describía al acusado como el autor de múltiples puñaladas en el pecho del fallecido". E incluso que no se cumplió "la directriz de la Orden Nº 178/2564 de la Jefatura de la Policía Real de Tailandia", la cual "ordena la grabación en audio y vídeo de los registros, las detenciones y las investigaciones penales". El recurso concluye con que "al eliminar las pruebas del torso (de la víctima), los agentes de policía trataron de ocultar la causa real de la muerte".
La defensa solicita "citar a varios testigos directamente relacionados" con las nuevas pruebas, entre ellos el coronel de policía Paisan Sangthep, presente en la primera declaración de Sancho en la comisaría de la isla tailandesa Phangan. Paisan, que no fue llamado a declarar en el juicio por ninguna de las partes, señala que en la primera confesión del chef, el 6 de agosto de 2023, este "no admitió premeditación", aunque confesó haber matado a la víctima. Asimismo, el recurso dice que esa confesión del 6 de agosto que el juez utiliza para justificar que hubo premeditación no fue grabada ni en audio ni vídeo "como establece para este tipo de casos el reglamento de la Policía y el artículo 22 de la Ley de Prevención y Represión de la Tortura y las Desapariciones Forzadas".