La cuenta atrás ha comenzado: si tienes contratada a una persona empleada del hogar, antes del 14 de noviembre de 2025 deberás tener lista una evaluación de riesgos laborales del domicilio. No hacerlo puede suponer multas de hasta 49.000 euros.
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Por primera vez, el trabajo doméstico estará protegido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en un paso histórico que busca equiparar los derechos de las personas empleadas del hogar con los del resto de sectores.
¿Qué cambia desde noviembre?
A partir de esta fecha, todas las familias que tengan contratada a una persona empleada del hogar deberán realizar una evaluación de riesgos laborales en el domicilio, analizando tareas como limpieza, cocina, cuidado de personas o manipulación de productos químicos, así como las condiciones del entorno: escaleras, iluminación, riesgos eléctricos o presencia de mascotas.
El objetivo es garantizar que las personas trabajadoras desarrollen su labor en un entorno seguro y saludable, en igualdad de condiciones con el resto de profesionales.
Este nuevo paso completa el proceso iniciado en 2022, cuando las personas empleadas del hogar accedieron por primera vez a prestaciones por desempleo y cobertura de Fogasa.
La herramienta que facilita el cumplimiento
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha lanzado la plataforma gratuita Prevención10.es, operativa desde mayo de 2025. Gracias a esta herramienta, cualquier empleador o empleadora puede realizar la evaluación de forma sencilla, generar el informe oficial y cumplir con la ley sin necesidad de conocimientos técnicos.
El proceso se completa en menos de 15 minutos: basta con responder un cuestionario online y descargar el informe en PDF, que debe entregarse a la persona trabajadora y actualizarse si cambian las condiciones del hogar.
Obligaciones y derechos
La evaluación debe incluir:
- Identificación de riesgos y medidas preventivas recomendadas.
- Plan de actuación ante accidentes o emergencias.
- Entrega de equipos de protección individual si es necesario.
- Formación básica en prevención y reconocimientos médicos voluntarios cada tres años.
Además, los costes derivados de la prevención no pueden recaer sobre la persona trabajadora, lo que refuerza su protección laboral y sanitaria.
Sanciones por incumplimiento
No cumplir con la normativa puede acarrear sanciones económicas que van desde 2.451 hasta 49.180 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además, en caso de accidente, el empleador o la empleadora podría asumir responsabilidades civiles o penales si no ha realizado la evaluación o no ha aplicado las medidas preventivas correspondientes.
Esta medida no solo protege a las personas empleadas del hogar, sino que también dignifica un sector esencial para miles de familias. Ahora, el trabajo en el hogar cuenta con las mismas garantías de seguridad y salud que cualquier otro empleo, y la herramienta digital facilita el cumplimiento de la ley para todos.
Con esta medida, España da un paso adelante hacia un trabajo doméstico más justo, visible y seguro: una forma de reconocer el valor de quienes, cada día, sostienen la vida en miles de hogares.