En octubre de 2025 se ha abierto un nuevo capítulo en la historia del cambio climático en España: diez vecinos de Alcanar, en el área del Delta del Ebro (Tarragona), ya han sido identificados como los primeros refugiados climáticos del país. Estas familias que se han tenido que enfrentar a inundaciones y al deterioro progresivo de sus viviendas por lluvias torrenciales, han asumido que no les quedará otra alternativa que abandonar sus hogares.
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¿Por qué ahora hablamos de refugiados climáticos?
Hasta ahora, en España y en Europa, el concepto de refugiado climático se había discutido más como una amenaza futura que como una realidad. Pero el caso de Alcanar ha cambiado ese horizonte: estas personas no huyen por conflictos ni persecuciones, sino por la destrucción o el riesgo extremo que ocasiona el cambio climático.
Las lluvias intensas, ya casi cíclicas en la zona, arrastran barro, provocan desbordamientos de ríos, derriban muros y destruyen jardines. Los afectados describen una vida con “certeza de que la situación se repetirá”, una existencia marcada por la tensión permanente.
El territorio en torno al Mediterráneo, y en concreto el “triángulo de riesgo” que incluyen Cataluña, Murcia y Baleares, ha sido señalado por expertos como una de las zonas más vulnerables a estos fenómenos extremos. Desde los años ochenta, la temperatura superficial del Mediterráneo ha subido en torno a 0,34°C por década, lo que potencia episodios como las DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).
Desafíos y lagunas institucionales
Una de las grandes debilidades que ha sacado a la luz este caso es la falta de preparación institucional. Las administraciones locales se enfrentan a decisiones complejas: se ha planteado la expropiación de viviendas afectadas, pero sin plazos definidos ni procedimientos claros. Los vecinos denuncian sentirse abandonados: mientras no haya soluciones inmediatas, cada tormenta puede arrastrarles de nuevo al mismo drama.
Impactos para todos
Que estos sean los primeros refugiados climáticos en España nos interroga colectivamente. En primer lugar, abre el debate sobre derechos: ¿cómo garantizar vivienda, ayudas y reubicación justa para quienes son desplazados por causas ambientales? Las leyes actuales (de asilo, migración o protección civil) no contemplan esta nueva modalidad de desplazamiento.
Un aviso
Además, el caso de Alcanar actúa como un aviso. Si se normalizan fenómenos extremos (inundaciones, temporales intensos, sequías) y no se invierte en adaptación, otras zonas costeras o vulnerables podrían repetir el patrón.
También es un llamado a la acción individual y colectiva: nuestras decisiones en materia energética, consumo, movilidad o defensa del territorio tienen implicaciones directas. No estamos ante un problema lejano; lo que le sucede a quienes ahora dejan atrás sus hogares es una consecuencia de dinámicas climáticas globales de las que todos somos parte.