Las autonomías comienzan a hacer públicos los ajustes

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Por Celeste López

Dicen que el que golpea primero golpea dos veces. Pero este dicho no se ajusta a lo que ocurrió a primeros de año cuando el recién elegido Gobierno de Artur Mas presentó su plan de recortes para hacer frente a la crisis que atenaza sus arcas. La reacción de la sociedad catalana, en particular, y la española, en general, fue como mínimo crítica. No es para menos, al fin y al cabo, a nadie le gustan los recortes y menos en el ámbito de la sanidad, donde el equipo de CiU puso el dedo en la llaga. Lo curioso, sin embargo, fue la nula reacción del resto de comunidades autónomas, pese a encontrarse en una situación como mínimo similar, o incluso peor en términos económicos, que la Generalitat. Inmersas como estaban la mayoría en el proceso electoral, ninguno de los dos grandes partidos dijo nada de recortes a la espera del resultado de las urnas y pese a que todos eran conscientes de que la cuenta de resultados estaba en números rojos. Al fin y al cabo, algunos, como la popular Esperanza Aguirre acaba de comenzar su tercera legislatura.

Pero, con cuatro años por delante de gobierno, los actuales regentes autonómicos –sobre todo,del PP– han salido en cascadas a presentar sus modelos de recorte. Año y medio después de que el Gobierno de Zapatero planteara por primera vez un duro ajuste en la Administración central y siete meses más tarde de que lo hiciera Mas, ahora comunidades como Madrid, Navarra o Castilla-La Mancha presentan sus planes de reducción de gastos en sectores clave, como la educación (en Madrid, según los sindicatos, unos 3.000 profesores interinos se quedarán este curso sin plaza), apelando a la necesidad de apretarse el cinturón en los momentos duros que atraviesa la economía española. La carrera por apretarse el cinturón ha comenzado y ayer mismo Valencia y Extremadura anunciaban en breve planes de ajuste de hasta el 20% en el sector público autonómico, siguiendo la estela marcada por la presidenta castellano-manchega, María Dolores de Cospedal. Nadie duda que, antes o después, el resto de comunidades lo hagan también.

Ahora, todos piden comprensión ante medidas dolorosas pero "necesarias de adoptar", insisten, mientras se recuerda el trabajo iniciado en Catalunya. Y a excepción de los sectores afectados, como es el caso de los profesores, el resto de la sociedad parece asumir los tijeretazos con cierta resignación. El camino ya lo había abierto Artur Mas y era cuestión de tiempo que los demás gobiernos autonómicos lo hicieran, dicen en círculos empresariales. Los sindicatos, reconocen, estaban esperando la "cascada de recortes", sobre todo en el área económica. Lo que no se esperaban, comentan, es que se centraran en educación.

Pero no todos los gobiernos han presentado un plan públicamente, lo que implica exponerse a la crítica social como lo hizo Mas. Es el caso del Gobierno de Esperanza Aguirre, que, pocos días antes de que los directores de los institutos empezaran sus vacaciones estivales, envió una misiva anunciándoles "las pautas" para el curso que ahora comienza. En dicho comunicado se informaba a los equipos directivos que no habría interinos en su plantilla (lo que supone en algunos centros hasta 30 profesores menos), lo que obligaba a aumentar las horas lectivas de 18 a 20. Además, eliminaba las horas de tutoría, aunque esta orden fue retirada días después debido a las críticas de los directivos. A cambio, los profesores cobrarían un extra por la ampliación del horario lectivo, aunque sin especificar qué cantidad.

La polémica en Madrid está servida y todo apunta a un otoño caliente en cuanto a protestas se refiere. Basta comprobar las multitudinarias asambleas realizadas el pasado miércoles, en las que ya se barajan huelgas para un curso que aún no ha comenzado. Por lo pronto, es poco probable que los institutos y centros de Formación Profesional comiencen el día 14 de este mes como estaba previsto.

Apelando a la responsabilidad del momento, la presidenta de Madrid envió una carta a todos los profesores recordándoles "cómo los comercios cierran, las empresas despiden (...) y cada día hay más familias con todos sus miembros desempleados". Dos horas más de clases, cree Aguirre, no es un esfuerzo tan enorme. Pero los profesores insisten en que no es la ampliación de horario, sino en cómo repercutirá en la calidad del trabajo. Al tener más horas y no contar con interinos, no se podrán dar las optativas ofrecidas, no realizar el desdoble de clases (reducir el número de alumnos en determinadas asignaturas), algunos profesores deberán impartir asignaturas que no dominan, reducir las guardias en las horas de patio... Las asociaciones de padres han mostrado su apoyo "incondicional" a los profesores. El movimiento 15-M, también.

Cospedal, por su parte, ha sido más directa y ha presentado un paquete de medidas que también afectan a la educación tanto en Primaria como ESO, más horas lectivas (lo que implica menos interinos), reducción de los centros de formación de profesores, reducción de las vacaciones de los interinos y la eliminación de años sabáticos para la formación. Esto supondrá, según Cospedal, 137 millones de ahorro.

Catalunya: La batalla está en la sanidad

El sistema sanitario catalán, considerado como uno de los mejores del mundo, vive un periodo de incertidumbre y fuertes protestas desde que en marzo el Govern anunciara el plan de recortes. Los presupuestos más duros en la historia reciente de Catalunya han tocado de lleno al sector, que ha visto reducido su presupuesto un 10% respecto al total del gasto del 2010. Ningún ámbito ha sufrido tal sacudida en Catalunya como el sanitario. El tijeretazo ha afectado sobre todo a los hospitales, que han tenido que ajustar guardias, cambiar turnos, cerrar camas y reducir la actividad de quirófanos para ahorrar plantilla extra. Además, no se han renovado contratos temporales ni se han suplido vacaciones. Las listas de espera irán lógicamente creciendo. Los centros sanitarios recibirán menos dinero por la misma actividad asistencial que hacían hasta ahora y son los mismos hospitales los que han tenido que gestionar el recorte y negociar con los trabajadores los ERE que se han visto obligados a aplicar. En cuanto a la atención primaria, la eliminación de urgencias nocturnas de una cincuentena de centros ha puesto en pie de guerra a médicos y usuarios. El plan de reajuste no se queda aquí, pues aún queda por concretar la reordenación de servicios especializados –cardiología, cirugía...–, que se concentrarán en unos determinados hospitales.

Otro pilar del Estado de bienestar, la educación, ha tenido que asumir unos recortes muchos más leves comparados con Salut. El Govern ha reducido un 7,4% el presupuesto para Ensenyament, que cuenta para el ejercicio del 2011 con cerca de 4.900 millones de euros. En contra de lo que ha ocurrido en comunidades autónomas como Madrid, donde los docentes tendrán que hacer más horas de clase y además miles de interinos perderán su puesto de trabajo, Catalunya mantendrá este curso la misma plantilla que en el 2009-2010. Eso sí, los centros deberán asumir un importante incremento de alumnado con los mismos profesores (15.000 estudiantes). Los docentes darán una hora más de clase a la semana y en primaria la gran mayoría de escuelas pierde la sexta hora. De esta manera Ensenyament cubrirá todos los grupos-clase y además una parte de los docentes dará atención personalizada, una medida pensada para luchar contra el fracaso escolar. El mayor recorte en el sector educativo se notará en la construcción de centros. La partida para edificios baja un 30%, lo que alargará la vida de los barracones. En los últimos meses han aumentado las protestas por este motivo. / M. Gutiérrez

Andalucía: Primero elecciones, luego...

En Andalucía las políticas sociales son intocables. De momento. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, se apresuró ayer a lidiar en la polémica de los recortes en otras comunidades diciendo que la educación tiene prioridad absoluta. Ni ha habido ni habrá recortes de profesorado, ni ampliación de horario lectivo, ni menos libros de texto gratuitos. Conviene no olvidar que Andalucía tiene previstas elecciones autonómicas para el próximo mes de marzo.

Aunque cuando las barbas de tu vecino veas cortar... Los sindicatos de enseñanza y sanidad tienen puesta la mirada en los presupuestos para el próximo año y todavía ven con más inquietud lo que pueda pasar después de las elecciones. Los líderes sindicales creen que gane quien gane intentará meter la tijera en el gasto. Creen que si gana el PP seguirá la pauta marcada por Cospedal en Castilla-La Mancha. Si gana el PSOE, el recorte sería menos drástico, aunque la política social de la última etapa de Zapatero no mueve a la tranquilidad, confiesan.

El responsable de Sanidad de CC.OO, Umberto Muñoz, asegura que en Andalucía no ha habido un recorte drástico como en Castilla-La Mancha, pero calladamente el PSOE está llevando a cabo una merma de recursos en sanidad. De momento eso se limita a la no contratación de personal para sustituciones, especialmente los meses de verano. En 2008 el Servicio Andaluz de Salud gastó 136 millones en sustituciones y sólo 111 millones en este año. Los sindicatos y la Junta está inmersos en un forcejeo permanente por el intento del Gobierno de externalizar servicios hospitalarios.

Andalucía es la comunidad autónoma que más empleo público ha ofertado este año, 3.700 plazas nuevas, y Educación elevó la tasa de reposición al treinta por ciento, cuando el límite global era del diez por ciento.
Griñán esgrime que la deuda andaluza (12.855 millones) es el 8,9% del PIB,

frente al 11,4 por ciento de la media española. Por habitante, Andalucía adeuda 1.527 euros, mientras que la media autonómica está en 2.548. Los sindicatos reconocen que no hay retroceso, pero tampoco se avanza. En ese sentido, señalan que se incumplen los compromisos de mejora alcanzados tras la aprobación de la ley de Educación, como la reducción de la ratio de alumnos por aula. / Víctor Bejarano

Comunidad Valenciana: La pesadilla de los impagos

El gran problema a corto plazo de la Generalitat Valenciana, la pesadilla del Ejecutivo de Fabra, es la dificultad para pagar a los proveedores de la sanidad. El pasado miércoles, la recientemente creada plataforma de proveedores de la sanidad, que aglutina a 33 empresas, amenazaba con cortar el suministro a hospitales y centros de salud si no se les pagaban los más de 70 millones de euros que se les adeudan. Se trata de empresas que suministran desde gasas hasta prótesis para quirófanos. "En breve puede haber un desabastecimiento en los hospitales", advertían desde la plataforma. Algunas de estas empresas llevan tres años sin cobrar sus servicios. El conseller de Sanitat, Luis Rosado, aseguró ayer que el objetivo de la Generalitat es "acabar de algún modo cumpliendo con la obligación de pagar".

A medio plazo no se sabe bien qué va a suceder con la sanidad valenciana. El nuevo president valenciano, Alberto Fabra, quiere que los recortes que se avecinan para equilibrar las cuentas de la Generalitat dañen en lo mínimo a este sector. De hecho, el president anunció ayer que en los próximos días se hará público un plan de reorganización de la administración pública con un recorte del sector público del 20%. Pero se trata de un plan que no afectará directamente a la sanidad e incidirá principalmente en la organización de empresas públicas, como RTVV. Este objetivo se suma al plan que se anunció en julio para ahorrar otros 680 millones de euros en el 2010 recortando de todas las áreas de la Generalitat y que apenas afectaba al sistema público de salud. Rosado planteó a comienzos de agosto la posibilidad de establecer el copago en el ámbito sanitario valenciano. Alberto Fabra descartó totalmente esta posibilidad. Paralelamente, Fabra ha puesto en marcha medidas de ahorro como la creación de una central de compras para lograr mejores precios en los suministros o la racionalización del uso de fármacos en hospitales y centros hospitalarios, que se traducirá este año en un ahorro de 100 millones de euros. La pregunta es si esto será suficiente para evitar el colapso de una administración que arrastra una deuda financiera de 17.800 millones de euros. / Salvador Enguix

Galicia: Feijóo dice que ya recortó

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, afirmó ayer sobre el recorte en Castilla-La Mancha que es lógico que otros "hagan de golpe lo que Galicia lleva haciendo dos años y medio". Esta frase del líder de los populares gallegos refleja su apuesta por evitar la aplicación de más medidas traumáticas con la vista puesta en las elecciones autonómicas. Éstas deberían celebrarse en marzo o abril de 2013, pero Feijóo podría adelantarlas al otoño del 2012, al objeto de contener el posible desgaste que para el PP de Galicia pueden suponer las duros ajustes que Mariano Rajoy tendrá que poner en marcha cuando acceda al Gobierno central.

Con independencia de si las próximas autonómicas gallegas serán a principios de 2013 o a finales de 2012, el Gobierno gallego tiene claro que, en el terreno presupuestario, el próximo será el año electoral. De ahí que trabaje con la previsión de no introducir más recortes que los anunciados por Feijóo a comienzos de agosto para compensar los 243 millones que la Xunta reclamaba al Gobierno central y que, como ya se esperaba, no obtuvo. Para compensarlo, el ejecutivo gallego decidió ampliar su endeudamiento y reducir los gastos 104 millones de euros. Esta disminución, pendiente todavía de concretar por consejerías, tendrá según Feijóo un impacto "mínimo" en las áreas sociales.

Sin embargo, los sindicatos y la oposición aseguran que los recortes del gasto en la educación y en la sanidad se están intensificando. Para el viernes 9 está convocada una manifestación de profesores en Santiago en contra del aumento de las horas lectivas para los docentes, de 21 a 25 semanales. Y hay varios paros convocados para este mes, con lo que se espera un tenso inicio del curso.

Feijóo, que llegó al poder en abril de 2009, aplicó su mayor recorte en el presupuesto de este año, de alrededor del 10%, que, en las áreas sociales, supuso el cierre de escuelas y aulas rurales, así como reducciones del gasto en la sanidad, departamento que aplazó buena parte de las inversiones pendientes, mientras recurría a la financiación privada para sufragar el nuevo hospital de Vigo. En la Xunta aseguran que los deberes están hechos y que, como disponen de margen de endeudamiento, esperan poder eludir nuevos recortes antes de las elecciones. / Anxo Lugilde

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