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En los últimos días, Patricia Conde ha visto cómo su nombre ha saltado a la actualidad, y no precisamente como le gustaría a ella, por su profesión, sino debido a un episodio judicial que, según hemos podido saber, por fuentes cercanas, sucedió, hace cuatro años, durante el juicio por la custodia del hijo de la presentadora y su exmarido, Carlos Seguí, que, finalmente, ganó ella. En ese proceso, la parte contraria solicitó para Patricia cuatro años de prisión por un supuesto delito de revelación de secretos, que el fiscal luego rebajaría a dos años, petición que no prosperó, en 2017, al aceptar el juez la serie de pruebas presentadas por el equipo legal de Patricia.
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Se trataba, según se puede leer en la revista ¡HOLA! de esta semana, de una serie de emails que imprimió desde su ordenador y desde una cuenta de correo electrónico utilizada con frecuencia en el ámbito familiar de forma conjunta, según las mismas fuentes. Esos mensajes contendrían información que Patricia haría pública si fuera necesario. Según hemos podido saber, hasta la fecha, la presentadora no ha tenido noticia alguna de requerimiento judicial acerca de este asunto, pero, si lo tuviera, tanto sus abogados como ella están muy tranquilos.
Desde que se separaron, en 2013, Patricia y su exmarido se han enfrentado, en los juzgados de violencia de género en Alcobendas (donde reside Patricia con su hijo), en dos ocasiones: la primera, en un juicio de carácter civil, para tratar todo lo concerniente al divorcio y la custodia del niño, que ha tenido siempre Patricia; la segunda, por la vía penal, tras imponer la presentadora una demanda por maltrato psicológico, que concluyó con una sentencia de seis meses de cárcel en el juzgado de violencia de género de Manoteras, en Madrid, que fue recurrida por su exmarido en la Audiencia Provincial, pero que, finalmente, perdió.
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En el procedimiento civil, Carlos Seguí, además de la custodia del niño, solicitaba cuatro mil euros como pensión compensatoria, alegando que ganaba más dinero que él. Ahora, de acuerdo con las mismas fuentes, reclama a la presentadora 20.000 euros por daños y perjuicios. La pareja está divorciada desde principios de 2014. Patricia siempre se ha mantenido al margen, sin hacer público ninguno de los procedimientos ni ha querido pronunciarse sobre el tema para proteger a su hijo.
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