En medio de las varias batallas legales que el Príncipe Harry se encuentra enfrentando en contra de los tabloides británicos, había una lucha que resultaba especialmente personal para el hijo menor de Carlos III, la que ha emprendido para intentar que se revise la decisión del gobierno británico de removerle el servicio de seguridad pública con el que contaba cuando mantenía su posición senior en la Familia Real británica. Como se sabe, el Príncipe ofreció pagar por esta seguridad, algo que la Home Office a través de RAVEC, el organismo dedicado a estos temas, ha rechazado al sentar un precedente que se considera no se debe permitir. Después de que se le negara en una primera ocasión esta revisión, el martes el juez encargado del caso ha rechazado nuevamente los argumentos del equipo legal del Príncipe, en lo que ha representado un duro revés legal. Eso sí, se sabe que en otro caso se le ha permitido una revisión sobre el tema y que sus abogados todavía pueden apelar esta nueva decisión. Con esto en mente, queda claro que falta mucho para que se cierre este capítulo, pero ahora, los mismos tabloides británicos con los que Harry se encuentra peleando en la corte, ponen sobre la mesa la posibilidad de que el Príncipe tenga que hacerse cargo de los costos que ha tenido el caso legal que ha emprendido en su busca de revertir la decisión de la Home Office.

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El discreto comunicado del gobierno

Tras el anuncio de la decisión del juez, un vocero de la oficina gubernamental dijo en un comunicado retomado por distintos medios británicos: “Recibimos la determinación que mantiene la integridad del sistema de seguridad de protección. El sistema de seguridad del gobierno de Reino Unido es riguroso y proporcionado. Es nuestra política desde hace tiempo el no proveer información detallada sobre esos acuerdos, ya que al hacerlo se compromete su integridad y se afecta la seguridad de los individuos. No sería apropiado el comentar más sobre los procedimientos legales”.

La nueva especulación de los tabloides

Tras el anuncio de la determinación del juez que cubrió todo tipo de titulares, The Sun ha desglosado lo que el caso ha costado, de acuerdo con el organismo británico Freedom of Information, al que se solicitó el dato. Con detallados gastos, el titular del artículo publicado anuncia que se gastaron más de 300,000 libras esterlinas (6.6 millones de pesos mexicanos) en el procedimiento legal. Pero el Daily Mail fue un poco más allá, apuntando a que se podría requerir un pago de 500,000 libras esterlinas (11 millones de pesos) por el costo del caso para el Duque. A pesar de estos reportes, el asunto parece poco probable y de hecho se esperaría que el equipo legal del Príncipe apele la decisión que se tomó esta semana, además de continuar con la revisión que sí se le autorizó en otro caso.

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El comentario del juez

Según reporta The Telegraph, el juez del caso apuntó a que ‘el Príncipe Harry no tenía derecho de intervenir en la pelea para pagar por la protección policíaca’. Ha de recordarse que ante su abandono de su posición como miembro senior de la Familia Real británica se decidió que no se le continuara proveyendo del equipo de seguridad pagado por el erario público -tal como pasa con el resto de los Windsor que no trabajan oficialmente para la corona-. La decisión de la oficina correspondiente estipula que a pesar de esto, cada caso sería revisado individualmente y si su viaje al Reino Unido era de carácter oficial, se le daría la protección, no así si se trataba de un viaje personal. A pesar de esto, el Príncipe indicó que no se sentía seguro viajando con su familia bajo estos términos, afirmando que estaba dispuesto a pagar de su bolsillo por la seguridad pública, lo que le ha sido rechazado. Uno de los argumentos más importantes del gobierno es que esto abriría un precedente en el que cualquiera con suficiente dinero podría pagar por la policía pública. El argumento del Príncipe es que los equipos de seguridad que utiliza en Estados Unidos no tienen el mismo conocimiento e información que su resguardo tenía en Reino Unido, además de que la seguridad privada en aquel país no puede ir armada, como la policía.