La Audiencia de Palma ha decidido mantener imputada a la infanta Cristina por un doble delito fiscal, pero no por blanqueo de capitales. La Infanta mantiene así una pequeña esperanza de evitar ir a juicio si el juez Castro decide aplicar a su caso la llamada doctrina Botín, algo a lo que no está obligado, y que permite a un imputado de delito fiscal librarse del banquillo de los acusados cuando no hay acusación pública o particular. Ni fiscal, ni Abogacía del Estado, ni Hacienda acusan a la Infanta, sólo la acusación popular Manos Limpias, por lo que el destino judicial de doña Cristina vuelve a estar en manos del juez Castro.
El abogado de la infanta Cristina celebra la estimación del tribunal que la exonera de la acusación más grave de blanqueo, mientras que discrepa de su "sorprendente" resolución sobre los otros presuntos delitos fiscales cometidos por la Infanta como cooperadora en los ejercicios económicos de 2007 y 2008 cuando ni la Agencia Tributaria ni el Ministerio fiscal consideran que haya participación delictiva por su parte. Contra la decisión del tribunal no cabe recurso. Ahora son las acusaciones las que tendrán que presentar sus escritos con las penas que piden para cada uno de los imputados en la causa judicial para que el instructor, José Castro, pueda dictar el auto de apertura de juicio oral.
La Audiencia se ha reunido este viernes, a las 12:30 horas, para deliberar y votar sobre los 14 recursos interpuestos contra el auto de fin de instrucción del caso Nóos. Las partes personadas en la causa habían sido citadas a esa hora para que les fuera notificada la resolución. La Infanta, que según su abogado estaba animada, se ha quedado en Suiza, donde reside y donde hoy recibido la llamada de su abogado Miquel Roca, que le ha comunicado la decisión de la Audiencia Provincial de Baleares.
Un total de 14 recursos, incluido el de la infanta Cristina y la mayoría de ellos desestimados, se han presentado contra el auto de fin de instrucción del magistrado. La deliberación de hoy del tribunal, formado por su presidente y ponente, Diego Gómez-Reino, y los magistrados Mónica de la Serna y Juan Jiménez, que en abril de 2013 dejó sin efecto el encausamiento de la Infanta por los mismos delitos en que habría incurrido su marido, ha añadido un delito a las imputaciones que pesan sobre Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, el blanqueo de capitales, que también atribuye a su exsocio Diego Torres y a la mujer de éste, Ana María Tejeiro.
La sección segunda del tribunal provincial ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en este caso, y ha acordado que se pueda imputar blanqueo de capitales a Urdangarin, Torres y Tejeiro, en un auto dictado hoy por unanimidad. La nueva imputación para Urdangarin supone que está acusado de prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, fraude a Hacienda, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo. En total, el marido de la Infanta sumaba 24 delitos y, desde hoy, son 25: cinco delitos de prevaricación, cinco de fraude, cinco de tráfico de influencias, cuatro de malversación, dos contra Hacienda, uno de falsedad, uno de estafa, uno de falsificación y uno de blanqueo. La Audiencia de Palma puntualiza que imputa este nuevo delito a Urdangarin, Torres y Tejeiro "sin necesidad de practicar nuevas diligencias de investigación o de tener que tomar declaración para poder formular acusación" contra ellos.
El nombre de la Infanta, que desde la proclamación de Felipe VI no es miembro de la Familia Real ni tiene representación institucional ni recibe prestación alguna, apareció hace casi tres años en las investigaciones, cuando a finales de 2011 la Fiscalía Anticorrupción señaló a Aizoon como una de las empresas pantalla del entramado de sociedades concebidas para desviar los fondos obtenidos por parte de Nóos de las Administraciones públicas. El hecho de que la hermana del Rey fuera vocal del Consejo de Administración del Instituto y socia al 50 por ciento con su marido de Aizoon alimentó las sospechas de que pudiera ser conocedora de las actividades supuestamente irregulares de Urdangarin y su exsocio, Diego Torres.
El sindicato Manos Limpias solicitó el 15 de febrero de 2012 por primera vez la imputación de la Duquesa de Palma al relacionar a la Infanta con unas compras de carácter particular cargadas a Aizoon y con un préstamo de 400.000 euros que la Duquesa de Palma y su marido hicieron en favor de Torres como ayuda en la compra de una vivienda en Sant Cugàs del Vallés.
La acusación popular consideraba, en base a los datos reunidos hasta entonces, que la Infanta pudo ser beneficiaria directa del incremento patrimonial supuestamente fraudulento de su esposo a raíz de los ingresos obtenidos de Baleares y la Comunidad Valenciana -unos 5,9 millones de euros- y, por tanto, encubridora, cómplice o cooperadora necesaria de la actuación irregular del Duque, quien ya había sido imputado mes y medio antes por delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.
No obstante, el 5 de marzo el juez José Castro rechazó imputarla, alegando, al igual que había argumentado la Fiscalía, que hasta entonces no había aparecido ninguna prueba contra ella que la vinculase con las actividades de Nóos o de que las conociera. El sindicato recurrió la decisión ante la Audiencia, que confirmó la resolución del magistrado. Los interrogatorios por parte de Castro continuaron su curso con el objetivo de profundizar en torno a la gestión de la sociedad de los Duques y, entre éstos, los de varios testigos que aseguraron que Urdangarin les ofreció, en presencia de su mujer, ser contratados por la empresa "de los señores" pese a realizar en realidad tareas domésticas en el domicilio particular del matrimonio.
De hecho, en un informe entregado al Juzgado de Instrucción número 3 en enero de 2013, la Agencia Tributaria acusaba a Urdangarin de haber interpuesto a Aizoon para facturar servicios de carácter personalísimo que nada tenían que ver con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF y beneficiarse a su vez de un tipo inferior en el impuesto de sociedades. Según Hacienda, durante 2007 y 2008 el Duque habría defraudado al fisco hasta un total de 337.138 euros al utilizar a Aizoon como pantalla.
El juez Castro determinó que existían "sobrados indicios" de que la segunda hija del rey Juan Carlos dispuso y gastó dinero público desviado a la empresa familiar Aizoon. La Fiscalía Anticorrupción recurrió la decisión del juez al considerar que no existían indicios racionales de criminalidad y acusó al juez de que su investigación estaba contaminada por los medios de comunicación. Castro también mantuvo como imputados al marido de la Infanta y a su exsocio Diego Torres por su gestión del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que el exjugador de balonmano presidió entre 2004 y 2006, y desde la que presuntamente se desviaron 5,8 millones de euros de fondos públicos. A Urdangarin se le imputan los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y estafa.
El juez Castro ha tenido problemas para concretar las acusaciones contra la hermana del rey Felipe. En abril de 2013, el magistrado dictaminó que había evidencias de que la Infanta había colaborado con su marido, pero la Audiencia Provincial de Palma desestimó esos cargos en mayo de ese año, bajo el argumento de que las pruebas no eran suficientes. Le dio entonces más tiempo a Castro para investigar una acusación de fraude fiscal. El juez comenzó después a investigar si la Infanta hizo uso de fondos derivados de Aizoon para fines personales. El fiscal anticorrupción ya se mostró reacio entonces a la imputación de Cristina al no apreciar indicios de delito. Finalmente, en enero de este año, la Infanta declaró como imputada por un presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales por su participación a medias en Aizoon.
