Tras el alumbramiento de la infanta Leonor, la línea sucesoria se modifica. Su padre, el príncipe Felipe, ocupa el primer puesto, por lo que, automáticamente, su hija pasa al segundo lugar, antes que su tía, la infanta Elena, primogénita de los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía.
La Constitución de 1978, en su artículo 57.1, señala que prevalecen los derechos del varón sobre los de la mujer, y si fueran del mismo sexo, la heredera es la persona de más edad a la de menos. Ese es el artículo que deberá ser modificado para que la Infanta Leonor pueda reinar aunque tenga posteriormente un hermano varón.
El nacimiento de la Infanta Leonor ha puesto así de manifiesto un consenso casi unánime de fuerzas políticas y expertos en la necesidad de reformar la Carta Magna para que la recién nacida pueda reinar. Por otra parte, todos coinciden también en el hecho de que no hay prisa.
¿Cómo hacer ese cambio? Es preciso para ello que así lo decidan el Congreso y el Senado por mayoría de dos tercios, que inmediatamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones, que vuelvan a votar las nuevas Cámaras por idéntica mayoría y, finalmente, que la reforma se apruebe en referéndum.
La reforma constitucional, al final de la Legislatura Tras el nacimiento de la Infanta Leonor, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantiene el calendario previsto de acometer la reforma a finales de la Legislatura, a principios de 2008. Un tiempo de espera que la comisión de estudios del Consejo de Estado usará para seguir analizando la reforma. En este sentido, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, descartó que el nacimiento de Leonor suponga "ningún apremio adicional para la reforma constitucional, porque la iniciativa está en marcha.
El PP y los expertos, también de acuerdo El presidente del PP, Mariano Rajoy reiteró la opinión favorable de su partido a la modificación constitucional que elimine los privilegios del hombre sobre la mujer para acceder al Trono. También, entre los expertos hay coincidencia en la necesidad de la modificación normativa y, así, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, consideró que esa reforma supondrá "poner a las instituciones a la altura de su tiempo" y adecuar la Carta Magna al hecho de que la igualdad de sexos es un valor definitivamente instalado en la sociedad española.
