Si vuelve a casa, el coste puede ser muy caro: su vida y la de su hijo. Bien por ley, bien por “motivos de honor”. Ella es la última mujer a la que Reino Unido ha otorgado asilo, pero no es otra más. Se trata del caso de la Princesa refugiada. La mujer, casada con un miembro de la Familia Real saudí, tuvo un hijo fuera del matrimonio con un británico y ha obtenido el permiso de residencia permanente al exponer su temor a volver a su país porque el adulterio está castigado con pena capital.
La joven, cuya identidad se mantendrá en secreto por decisión de los tribunales, conoció a su amante, un inglés no musulmán, durante una visita a Londres en la que la pareja inició una relación. Al año, se quedó embarazada. Preocupada entonces por el hecho de que su marido, mucho mayor que ella y miembro de la Casa Real Saudí, pudiera sospechar su conducta, le persuadió para que la dejara viajar a Reino Unido con el fin de dar a luz en este país.
Desde que huyó de Arabia, su propia familia rompió todos los contactos con ella, según declaró al juez. Tras el parto, la Princesa convenció a los tribunales de que tanto ella como el recién nacido se exponían a la pena de muerte mediante latigazos o lapidación de acuerdo con la sharia o ley islámica. La Princesa ha obtenido la condición de refugiada en Reino Unido tras la sentencia favorable del tribunal para la Inmigración y el Asilo.
Fuentes del Ministerio británico del Interior se han negado a comentar el caso. Pero lo cierto es que es sólo uno de varios protagonizados por ciudadanas saudíes en este país y que normalmente no salen a la luz al no reconocerlos abiertamente ninguno de los dos Gobiernos para no perjudicar las relaciones bilaterales. Organizaciones internacionales han tratado de prohibir las brutales penas (lapidación, decapitación y horca) que aún se aplican en países de África, Asia y Oriente Medio, por violar de manera flagrante derechos fundamentales.
