La infanta Cristina será juzgada por la Audiencia de Palma como presunta cooperadora en dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, después de que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, la haya incluido como acusada en el auto de apertura de juicio oral que ha dictado hoy.
El juez ha resuelto no aplicar sobre la Duquesa de Palma la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para la hermana de Felipe VI.
En contra de los argumentos de la defensa de la Infanta, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Castro ha considerado que la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias está legitimada para llevar a juicio en solitario a la hermana del Rey. El juez instructor, que fija para la Infanta una fianza por responsabilidad pecuniaria de 2,6 millones de euros, ha dejado fuera de la lista de 20 imputados que fijó la Audiencia de Palma al vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, y a los exdirectivos de Madrid 2016 Miguel de la Villa y Gerardo Corral.
En su resolución judicial, Castro apunta que la Infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que Urdangarin facturase a través de esta sociedad, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta de 2007 y 2008. El juez considera que el papel de doña Cristina fue imprescindible para el fraude de hasta 337.138 euros a Hacienda a través de la empresa presuntamente pantalla del matrimonio.
La Casa Real ha expresado su "respeto absoluto a la independencia del poder judicial", tras conocerse la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, de sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. Palacio ya anunció el pasado 7 de noviembre que sería decisión de la Infanta renunciar o no a sus derechos dinásticos. "Es una cuestión que le corresponde a ella", indicó en su momento un portavoz de Zarzuela.
