Las partes acusadoras del caso Nóos han entregado hoy al juez instructor José Castro los escritos donde definen los imputados a quienes acusan, por qué delitos y qué penas piden para ellos en el futuro juicio. A partir de dichos escritos de acusación, el juez Castro dictará próximamente un auto de apertura de juicio oral donde determinará quiénes se sentarán en el banquillo por esta causa centrada en el desvío de fondos públicos al instituto que presidió Iñaki Urdangarin.
El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach pide una condena de 19 años y 6 meses de prisión para Iñaki Urdangarin por el caso Nóos y que pague 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo. En el escrito de calificación de 576 páginas que ha entregado hoy al juez José Castro, el fiscal solicita que se juzgue por el caso Nóos a catorce personas, empezando por los dos principales socios del Instituto Nóos, Urdangarin y Diego Torres; la esposa del segundo, Ana María Tejeiro, responsable de personal de la entidad, y un hermano de ésta, Marco Antonio Tejeiro, que fue contable.
Para Urdangarin pide 6 años de cárcel por malversación en concurso medial con delitos continuados de prevaricación y falsedad en documentos público y mercantil; 2 por fraude a la administración; 3,5 por estafa en concurso con falsedad; 6 por delitos contra Hacienda y 2 por blanqueo.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado también archivar la imputación de la Infanta Cristina, sobre quien pesan dos delitos fiscales en el marco del caso Nóos, al recriminar que se le acuse en base a "sospechas" y a un "raquítico 'pudo saber'", lo que a su juicio la sitúa en una "posición de indefensión", tal y como expone en un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. El representante de la acusación pública ha presentado un anexo de trece páginas en el que apunta a la inexistencia de "dato, indicio, documento o declaración que acredite lo que hasta el momento ha sido incapaz de justificarse: una mínima prueba de cargo indiciaria y objetiva" de su participación en un supuesto fraude al fisco.
"Tras meses de afanada investigación, la conclusión que se ha extraído es un raquítico 'pudo conocer' que sitúa a Doña Cristina de Borbón en una posición de indefensión", subraya el fiscal en su escrito, en el que señala a la "vulneración de la presunción de inocencia" en detrimento de la hermana del Rey Felipe VI y a una "falta de coherencia" a la hora de imputarle los hechos delictivos que pesan sobre ella. Anticorrupción reclama que se considere a la hermana del Rey responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 587.413 euros.
En el caso de Iñaki Urdangarin, Horrach explicó que "se solicitan penas ajustadas a los delitos graves que supuestamente ha cometido". Sobre la extensión del escrito, dijo que se debe a que el caso Nóos "se trata de delitos cometidos en distintas circunscripciones" y necesitaba exponer y realizar un relato de hechos "ajustado y detallado". "No hay pactos", añadió Horrach sobre el hecho de que el escrito no refleja ningún acuerdo con los acusados.
Sin embargo, el sindicato Manos Limpias ha pedido al juez del caso que lleve a juicio a la infanta Cristina por dos delitos contra la Hacienda Pública por los que reclama para ella un total de 8 años de prisión. Con su escrito de conclusiones a la instrucción del caso Nóos, en el que ejerce la acusación popular, el sindicato deja en manos de Castro la decisión de que la hermana del Rey sea juzgada junto a su esposo, para quien pide penas que suman 26 años y medio de cárcel por diversos delitos de corrupción.
La infanta Cristina pagará de forma "inmediata" los casi 600.000 euros que la Fiscalía le reclama como responsable civil, confiada en que se archivará la causa contra ella, dado que no la acusan ni el ministerio público ni la Abogacía del Estado, según ha explicado su abogado Miquel Roca. En declaraciones a la prensa a las puertas de su despacho en Barcelona, el letrado se ha mostrado convencido de que, "en buena ley, se archivará la acusación" contra la infanta y ha anunciado que ésta consignará ahora al juzgado los 587.413 euros que le reclama el fiscal como beneficiaria a título lucrativo, para "dejar así extinguida su responsabilidad civil simultáneamente a la penal".
Los acusadores son la Fiscalía Anticorrupción; la Abogacía del Estado en nombre de Hacienda y la de la comunidad autónoma balear en nombre del Govern, como acusaciones particulares; y el sindicato Manos Limpias y el grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia como acusaciones populares. Además, la abogacía de la Comunidad Valenciana previsiblemente presentará escrito debido a su personación a título de responsabilidad civil, para reclamar las posibles cantidades de fondos públicos por las que se ha visto perjudicada por estos hechos, en el caso de haya condena.
- La infanta Cristina continúa imputada por delito fiscal, pero no por blanqueo de capitales
El juez Castro deberá determinar si la incluye, dado que sólo cuenta con la petición de Manos Limpias, como acusada en el auto de apertura de juicio oral o estima que la acusación no pude sustentarla únicamente una acusación popular, en aplicación de la llamada "doctrina Botín", fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2007. Los jueces de la Audiencia señalaron en su auto que "existe un matiz" que diferencia el caso de Botín del de la infanta, que es que ella está imputada como cooperadora de los delitos fiscales que cometió Urdangarin, a quien la Fiscalía y la Abogacía del Estado sí que tienen intención de acusar. Contra la decisión de sentarla en el banquillo no cabría recurso, pero si el juez opta por no incluirla entre los acusados aún le restaría a Manos Limpias la posibilidad de apelar a la Audiencia de Palma.
La Audiencia de Palma fijó además el pasado 7 de noviembre los 20 imputados del caso Nóos, cuatro más de los que había establecido el juez Castro en el auto con el que finalizó la instrucción del caso. Son Iñaki Urdangarin, imputado de cinco delitos de prevaricación, cinco de fraude, cinco de tráfico de influencias, cuatro de malversación, dos contra Hacienda, uno de falsedad, uno de estafa, uno de falsificación y otro de blanqueo de capitales; y su exsocio Diego Torres, por cinco delitos de prevaricación, fraude y tráfico de influencias; cuatro de malversación y uno contra Hacienda, de falsedad, de estafa, de falsificación y de blanqueo. También están imputados la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, responsable de personal del entramado de Nóos, y sus hermanos Marco Antonio (contable del instituto) y Miguel (secretario), así como el asesor fiscal Salvador Trinxet.
El expresidente del Govern y el PP balear y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, podrá ser acusado de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias, los mismos delitos que se le imputan al exdirector general de Deportes José Luis "Pepote" Ballester. También están imputados el exdirector de la Fundación Illesport de Baleares, Gonzalo Bernal; el exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, y el exsecretario del Ibatur, Miguel Ángel Bonet.
De la trama valenciana están imputados el vicealcalde de Valencia y presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, Alfonso Grau; el exsecretario de Turismo de la comunidad, Luis Lobón; el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Jose Manuel Aguilar; el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela y la que fue responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Elisa Maldonado. La ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016, Mercedes Coghen, está imputada por presunta prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias por donar 120.000 euros a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), heredera del Instituto Nóos. Por lo mismo están imputados el exdirector general de la Fundación Madrid 2016, Miguel Ángel de la Villa y su ex director financiero, Gerardo Corral.
)
)
)
)
)
)
)
)
)
