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¿QUIÉN SUCEDERÁ A DON FELIPE DE BORBÓN EN EL TRONO? ¿UNA REINA O UN REY?

26 SEPTIEMBRE 2006
El anuncio del segundo embarazo de la princesa de Asturias casi un año después del nacimiento de la Infanta Leonor (31 de octubre de 2005) reabre, de nuevo, la polémica sobre la urgencia de la reforma de la Constitución para poder eliminar la discriminación de la mujer a la hora de acceder al trono.
Todos los partidos con representación parlamentaria se han mostrado de acuerdo en cambiar el artículo que afecta a la sucesión de la Corona, pero para reformar la Carta Magna en su Título II -sobre la Corona- hay que poner en marcha un complicado procedimiento. La reforma, de las llamadas "agravadas", necesitaría el apoyo de dos tercios del Congreso y del Senado y después se deberían disolver inmediatamente las Cortes. A continuación habría que convocar elecciones para que el nuevo Parlamento pudiera aprobar un texto que, en última instancia, deberá ser sometido a referéndum popular.

Las modificaciones de la Carta Magna
En pleno siglo XXI la Constitución española no sólo discrimina a la mujer, sino que entra en una enorme contradicción. Es decir, que si en el artículo 14 reconoce que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»; en el 57, especifica que «la Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores. En la misma línea, el grado más próximo al más remoto. En el mismo grado, el varón a la mujer. Y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos».
Para corregir esta situación, el actual Gobierno remitió al Consejo de Estado un documento en la que se planteaba la reforma constitucional sobre cuatro modificaciones de la Carta Magna ( entre ellas, la denominación de las autonomías, la adaptación a la Constitución europea y la reforma del Senado).