El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha advertido hoy a Iñaki Urdangarin y a su exsocio Diego Torres que procederá al embargo de sus bienes en caso de que en el plazo de cinco días no depositen la fianza civil solidaria que les ha impuesto de 8.189.448 euros en la causa. Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez señala a los dos principales imputados que si no presentan la fianza "se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrirla y que se hará efectiva con cargo a la totalidad de sus patrimonios". El juez admite que la fianza sea prestada "en cualquier de las formas admitidas en derecho", y dada su cuantía elevada, les amplía el plazo de presentarla a cinco días hábiles a contar "desde el siguiente al de la notificación de la presente resolución", que, no obstante, puede ser recurrida en reforma y apelación. Además, en el auto, el juez ordena recabar los antecedentes penales de Iñaki Urdangarin y Diego Torres, o "acreditar que carecen de ellos". Castro libra también oficio al presidente de la Generalitat Valenciana para ofrecerle la posibilidad de ser parte en la reclamación de la fianza civil, lo mismo que hace con el director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (CACSA) y el director de la "Fundación Turismo Valencia Convencion Bureau". Por último, el juez decide incorporar a esta pieza separada copia de las declaraciones hechas sobre este asunto a los medios de comunicación por el expresidente balear Jaume Matas. La resolución del juez no es firme y contra ella cabe recurso de reforma ante el mismo magistrado en el plazo de 3 días, y de apelación ante la Audiencia de Baleares en el plazo de cinco días. En este auto, el juez ha fijado una fianza solidaria de responsabilidad civil de 8,189 millones por las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en su contra en este caso que investiga el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos. En un auto de 542 páginas, el magistrado ha acordado fijar dicha fianza para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en su contra en esta pieza separada del caso Palma Arena. La cifra se ajusta a los 8.189.448 euros que habían solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Sindicato Manos Limpias. Por su parte, la abogacía de la comunidad autónoma de Baleares había solicitado que se fijara una caución de 3.498.014,81 euros.