Según informa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cada vez son más las empresas que, agobiadas por los impagos, se declaran en situación de concurso de acreedores (el equivalente a declararse en quiebra). Cuando pasan a esta situación, la empresa endeudada prosigue su actividad, más mermada evidentemente, bajo la supervisión de los administradores concursales nombrados por el Juez. La falta de liquidez de la empresa impide que los trabajadores puedan cobrar sus salarios de modo regular, pero formalmente esos empleados siguen en activo y no pueden cobrar las prestaciones del INEM. Esto supone un grave problema para muchas familias, que se encuentran sin recursos, sin cobrar por su trabajo y sin poder solicitar la prestación a la que tendrían derecho si fueran despedidos. La reciente reforma de la Ley Concursal no soluciona este problema, pues pasa por alto a estas "víctimas" de la empresa en concurso de acreedores. Y son muchos los afectados: en el cuarto trimestre de 2008, el número de trabajadores de empresas inmersas en un procedimiento concursal fue de unos 24.000, correspondientes a casi 1.000 empresas. En 2009 se estima que unas 5.000 empresas se declaren en concurso de acreedores.