El Govern balear modificará el decreto que regula la concesión de la medalla de oro de la comunidad, máxima distinción del archipiélago, para poder retirársela a Iñaki Urdangarin "si procede". El conseller de Presidencia, Antonio Gómez, ha asegurado en el pleno del Parlament que la modificación del decreto responde a la necesidad de "regular mejor" la adjudicación de la medalla de oro con el fin de contemplar la posibilidad de retirar la distinción, aunque ha eludido avanzar qué hará el Govern en el caso concreto de Urdangarin. No obstante, ha recalcado que el Ejecutivo autonómico hará "siempre todo lo necesario y lo posible para que se respete el buen nombre no solo de Palma sino de cualquier ciudad de Baleares" y ha expresado su apoyo a la decisión del Ayuntamiento de la capital balear de retirar al nombre de "duques de Palma" a La Rambla, algo que se llevó a cabo la pasada semana. Ha recordado además que la comunidad está personada "en todos los casos en los que se han podido malversar recursos públicos", incluido el caso Nóos, en el que está imputado el marido de la infanta Cristina y se investiga el presunto desvío de caudales de varias administraciones públicas hacia el Instituto Nóos. Gómez ha hecho estas manifestaciones en respuesta a una pregunta planteada por la diputada de la coalición nacionalista MÉS Fina Santiago, quien ha reclamado al Govern medidas para que el "presunto delincuente" Urdangarin no manche la buena imagen del archipiélago. En concreto, Santiago ha demandado la retirada por decreto de la medalla de oro que el Govern concedió a la infanta Cristina y su esposo en 1998 y que inste a la Casa Real a negar a Urdangarin la posibilidad de alojarse en el Palacio de Marivent, residencia estival de la familia real en Mallorca. La diputada nacionalista ha urgido al Ejecutivo autonómico a tomar esas dos medidas antes de que Urdangarin acuda a declarar ante el juez que instruye el caso Nóos, José Castro, el próximo día 23, cuando ha sido citado por el magistrado para interrogarle en relación a tres presuntos delitos fiscales.