Colarse en el transporte público tiene consecuencias económicas nada despreciables. Las administraciones estiman que el sistema de la región metropolitana de Barcelona, que acaba de sufrir una fuerte subida de tarifas para contener el déficit, deja de ingresar alrededor de 20 millones de euros al año como consecuencia de los viajes que se hacen sin el correspondiente billete. La cantidad es importante. Serviría para sufragar muchas cosas, y más ahora, en tiempos de estrecheces y recortes. Aunque en términos relativos no lo es tanto, ya que supone el 1,6% del total de costes anuales de la red integrada, que asciende a unos 1.250 millones.
Con todo, la Generalitat y los ayuntamientos se han propuesto rebajar estos índices de incivismo que provocan desconcierto y rechazo entre la inmensa mayoría de los viajeros cumplidores. Los esfuerzos se centran especialmente en los medios más problemáticos, como Rodalies y algunas líneas del tranvía, aunque se extienden, en mayor o menor medida, a todos. La lucha contra este fraude cuenta con armas de lo más variado, desde las barreras físicas –barreras más altas, cierre de los perímetros de las estaciones– hasta las disuasorias y coercitivas como las inspecciones, que se están incrementando y que, llegado el caso, pueden comportar la imposición de sanciones, incluso por la vía ejecutiva.
Lo que parece claro es que la persistencia de la crisis, que ha llevado a miles de ciudadanos a perder sus empleos y a muchos a verse atrapados en una espiral de pobreza, no ha conllevado un aumento de la cantidad de personas que se cuelan. Al menos esta es la percepción de los operadores y de las administraciones.
Entre las novedades en el territorio de la ATM de Barcelona en este 2012 para el combate contra el fraude está el estreno de las tarjetas con bandas holográficas, que dificultan su falsificación. Aunque la manipulación de los títulos no está muy extendida, se había detectado un cierto crecimiento, especialmente en algunas zonas. En cualquier caso, apunta Ricard Font, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, "no hay nada que se parezca a un proceso industrial, sino que se trata de prácticas caseras". La nueva tarjeta se se diferencia de las anteriores por su cara posterior, que, además de la banda magnética negra, tiene otra, en el centro, plateada y con holograma que, según la ATM, asegura su autenticidad. Esta mejora no significa que se haya desestimado la implantación de un nuevo modelo de tarjeta inteligente, equipada con un chip, recargable y que se activa acercándola a la máquina validadora (sin contacto con ella), como las que ya existen en las áreas de Tarragona, Girona y Lleida, y que aportará un plus de seguridad, ya que, apunta Font, "no podrá ser suplantada ni pirateada" y, además, permitirá un acceso más rápido, recoger datos sobre la utilización del transporte público y, claro está, ahorrar papel.
La Generalitat prevé tener listo el proyecto tecnológico de esta nueva tarjeta este año. "Después tendremos que ver cómo se implanta", explica el director general, ya que será una operación compleja –habrá que adaptar las máquinas de toda la red de metro, autobuses, tranvías y trenes– y también costosa. Sea como fuere, las dificultades presupuestarias están retrasando este importante cambio, que, hoy por hoy, carece de calendario, cuando inicialmente se previó tenerlo operativo el año pasado.
Otra novedad destacada de este año es la subida de la percepción mínima (multa) a quienes viajen sin billete, que pasa de los 50 euros actuales a 100 a partir del 1 de febrero. El último incremento se produjo hace dos años, cuando pasó de 40 a 50 euros. La idea es que colarse no salga a cuenta. Y para ello, además de esta subida, se han reforzado las inspecciones. El año pasado, en el metro se recaudaron 88.885 euros en percepciones mínimas. Quienes no abonaron la sanción en periodo voluntario, pasaron a la vía ejecutiva, por la que se obtuvieron 132.466 euros. En FGC se abonaron 97.222 euros por la primera vía y 233.830 por la segunda. También hay datos del 2011 correspondientes al tranvía: 76.920 y 162.361 euros, respectivamente. El objetivo final, más que recaudar por sanciones, es que los viajeros compren su billete, coinciden los responsables del transporte público.
El fraude varía sustancialmente según los medios. Los peores resultados son los de Rodalies, donde, calcula la Generalitat, entre un 10% y un 12% de los viajeros van sin el billete reglamentario. El principal problema en esta red es la gran cantidad de estaciones de libre acceso, sin cierre perimetral. Esta dificultad también la tiene el tranvía. Sin embargo, el fraude en las dos redes (Trambaix y Trambesòs) se sitúa entre el 5% y el 10%, aunque hay tramos del segundo que alcanzan el 25%.
La Generalitat estima que en el metro un 2% del pasaje se cuela. El último dato aportado por TMB es el 1%, basado en las inspecciones (fraude detectado). De todos modos, la tendencia es reducir este porcentaje gracias al refuerzo y perfeccionamiento de las inspecciones. En el 2011 se intensificaron con redadas en las principales estaciones, mediante equipos de una decena de agentes, acompañados por personal de seguridad que siguen las rutas y horarios con más fraude detectado. A la espera de disponer de los datos totales del 2011, en TMB se ha observado que mientras crece el número de controles, disminuye el de viajeros cazados sin billete.
Los mejores datos son los de FGC, con un índice de fraude inferior al 2%, según la Generalitat, que en los controles efectuados se rebaja hasta el 0,2%. La mejora ha sido espectacular después de que se colocaran validadoras en las salidas de la mayor parte de las estaciones. El tipo de fraude más común consistía en viajar por más de una zona tarifaria a precio de una. En el 2004, cuando no había máquinas al salir, se detectó un 4%.
