Por David Martínez
Tras las elecciones generales y a partir de este lunes 21 de noviembre el Partido Popular deberá hablar claro de economía. Reducir el déficit público -67% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2011- y dar confianza y credibilidad a los mercados por la crisis que España arrastra de la deuda privada de particulares y empresas y la enorme exposición de la deuda bancaria (que pesa más de 335.000 millones de euros principalmente por la morosidad y su exposición al stock de viviendas que no logra vender) son los principales retos de Mariano Rajoy que tendrá todo el poder como futuro presidente del Gobierno español.
Y otro dato terrible para la economía española que no invita al optimismo: las familias españolas deben a la banca en créditos particulares e hipotecas un total de 130.000 millones de euros, y todo esto con una tasa de desempleo del 21,5%, cinco millones de parados, un millón de familias sin ingresos y un paro juvenil que roza el 30% y que está marcado por la precaridad de no ganar más de mil euros al mes.
¿Qué nuevos sacrificios exigirá Mariano Rajoy a los españoles para salir de la crisis y que España no acuda al rescate europeo en plena crisis de deuda? ¿Cuáles serán las medidas de austeridad y los recortes del gasto que incluirá en el proyecto de Presupuestos de 2012? Si quiere reducir el déficit y el gasto público deberá aumentar ingresos, ¿qué partidas recortará y si comprometerán la protección social de la que se benefician por justicia social millones de españoles? ¿Cuál será su receta para sacar a España de la crisis: reducir los impuestos como defiende ideológicamente un partido conservador y liberal como el PP?
Pero entonces, ¿cómo reducirá el déficit si no incrementa los ingresos en una economía española que está estancada y amenaza con entrar en recesión en el primer trimestre de 2012?
España ha decidido virar hacia la derecha otorgando la mayoría y la confianza absoluta a un gobierno conservador del Partido Popular con la incertidumbre de qué medidas de recortes del gasto público aprobará Mariano Rajoy para reactivar la economía y reducir la lista de 5 millones de personas sin trabajo.
En la campaña electoral, Rajoy ha navegado en la incertidumbre sin especificar con detalle y claridad cómo cumplirá con los objetivos de reducción del déficit público. El candidato del Partido Popular a presidir el Gobierno y ganador de las elecciones generales sólo se ha comprometido abiertamente a proteger las pensiones, pero ha dejado la puerta abierta a realizar otra reforma laboral y atajar la deuda excesiva.
Y en su programa electoral figuran las siguientes promesas: flexibilizar el mercado laboral para permitir a las empresas contratar o mantener la contratación en función de su actividad, se ha comprometido a bajar el IRPF a familias, ahorradores y compradores de vivienda. Impulsará el arrendamiento con opción a compra. Y asegura que los pensionistas mantendrán su poder adquisitivo.
Una de sus principales medidas será elevar "los mínimos familiares en el IRPF adaptándolos mejor a las circunstancias de los contribuyentes, especialmente en relación con las familias numerosas", para que paguen menos.
Rajoy pretende reformar este impuesto para "fomentar fiscalmente el ahorro a largo plazo mediante la creación de una nueva deducción en el IRPF por el incremento anual del ahorro", según aparece en el programa electoral del PP. El PP también promete "mejorar la tributación de las prestaciones de los planes de pensiones" para incentivar el ahorro a largo plazo, como ya hizo entre 1996 y 2004 durante los gobiernos de José María Aznar.
El programa electoral de Rajoy incluye "generalizar la aplicación a las empresas de reducida dimensión el tipo impositivo del 20%" y extender "el ámbito de aplicación del tipo del 25%" para todas las demás, así como "simplificar el sistema de deducciones".
Pero, ¿qué medidas aplicará para reducir el déficit público si no quiere elevar impuestos de forma masiva? Todavía se desconoce cómo aplicará su política fiscal.
Otra pregunta que habrá que ver la respuesta en los próximos días es si los mercados aliviarán su presión sobre la prima de riesgo (solvencia) de la economía española y le darán respiro antes de que Rajhoy sea investido presidente del Gobierno en las próximas cuatro semanas.
En cualquier caso y antes de que se constituyan las Cortes generales y sea investido Mariano Rajoy como presidente del Gobierno a mediados de diciembre, el próximo presidente del Ejecutivo deberá explicar cómo prevé aplicar el rigor y la austeridad en las cuentas presupuestarias. ése rigor y esa austeridad que Alemania está exigiendo a las economías más débiles y sobreendeudadas de la Unión Europea.
¿Aumentará el IVA y los impuestos especiales, el alcohol y el tabaco? ¿Se creará una tasa para las rentas más elevadas como ha hecho Francia? ¿Se reducirán empleos en el sector público? ¿Se modificarán o se ampliarán los tramos del impuesto de la renta de las personas físicas? ¿El año 2012 y 2013 proseguirá la congelación salarial de los funcionarios o hab´ran más recortes? ¿Cuáles serán los planes de austeridad y de recorte del gasto en la Administración General del Estado y en las Autonomías?
Rajoy deberá detallar cuál será el programa económico con el que pretende sacar a España de la crisis y "ver la luz al final del túnel" como ha repetido en campaña electoral para calmar a los mercados, que en las últimas semanas han desconfiando de la solvencia de España elevando la prima de riesgo de su deuda en comparación con la estabilidad y la solvencia de la deuda de Alemania. También Rajoy deberá detallar su programa económico como condición indispensable para que España salga airada de la crisis de deuda que vive la eurozona y evite ser rescatada por insolvente como le ha ocurrido a Grecia, Irlanda y Portugal.
La tarea no será fácil para Rajoy. Una tarea urgente que deberá transmitir a la sociedad española y, sobre todo, a los mercados, a Alemania y a la Unión Europea para equilibrar las cuentas públicas y reducir gasto y déficit. Eso implica ahorrar en 2012 hasta 30.000 millones de euros con medidas duras corriendo el riesgo de deprimir más la economía en un país como España donde la actividad no crece y el consumo todavía es muy moderado por la población marcado por el grave dato de cinco millones de desempleados.
La prima de riesgo ha tocado máximos superando los 500 puntos básicos y el Tesoro ha colocado su última subasta de bonos a diez años al 7% (frente al 5,4% de media de interés exigido para estos bonos a lo largo de 2011). Sin duda, una situación preocupante. La cuestión ahora es ver hasta cuándo puede soportar estas tensiones España y si los mercados se calman con la llegada del Partido Popular al poder.
Y es que lo que quiere oír el mercado del futuro gobierno de un país cuya economía está estancada y que difícilmente podrá cumplir sus compromisos de déficit público es qué piensa hacer para invertir esa tendencia.
Las recetas que han transmitido los expertos económicos a Rajoy se basan en que la nueva fiscalidad debe estar orientada a la creación de empleo, de ahí que se bonifiquen y beneficien a autónomos y a pequeñas y medianas empresas. Esta reforma fiscal debe ir encaminada a reducir la tasa de desempleo porque España más que dobla la tasa media de paro de la UE –situada en el 9,2% de la población activa– y de la zona del euro –el 10,2% de la fuerza laboral–.
Este dato se combina con una economía estancada en España. El PIB español mantendrá en el cuarto trimestre el mismo ritmo que el tercero, lo que dará una tasa del 0,8% para 2011, frente al 1,3% que estima la previsión oficial del Gobierno.
Aunque el Ejecutivo venía manteniendo oficialmente su estimación de crecimiento, tanto el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, como la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ya habían avisado de que los efectos de la crisis de deuda pasarían factura este ejercicio en el PIB. El consenso de analistas y la Comisión Europea calculan que este año crecerá un 0,7%, una décima menos de lo que ahora calcula el Gobierno.
El portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj, ha pedido el viernes pasado a España que demuestre su credibilidad cumpliendo el objetivo del 6% del déficit este año, tal y como hizo en 2010, ya que Europa prevé un desvío hasta el 6,6%, aunque ha señalado que "todavía hay margen para corregirlo".
Rajoy no debería perder de vista los duros ajustes presupuestarios que han aprobado tres economías europeas sobreendeudadas y que han sido rescatadas por Europa como Grecia, Irlanda y Portugal. Estos duros ajustes son el límite que el nuevo Gobierno debería tener en cuenta si la economía española no se agrava más de lo que está actualmente. Cabe recordar estos recortes:
Grecia necesitaba recaudar 53.000 millones de euros para refinanciar la deuda existente y reducir su déficit público. A principios de 2010, el Gobierno heleno anunciaba medidas especiales para acelerar la recuperación económica y la reducción del déficit público a menos del 3% del PIB en tres años, de acuerdo al Pacto de Estabilidad.
La Comisión Europea aprobó el plan de austeridad griego, pero le recomendaba recortar los salarios. Grecia acató las directrices de Bruselas y en marzo aprobaba otro duro plan de ajuste para ahorrar 4.800 millones de euros, gracias a recortes en el gasto público y aumento de impuestos. El IVA subió hasta el 21% y los pluses de los funcionarios se redujeron un 30%.
El descontento de la población se plasmó en una serie de revueltas populares y manifestaciones que incluyeron la convocatoria de varias huelgas generales. El país prácticamente estuvo paralizado varios meses.
En Irlanda, el país vivió un gran 'boom' económico en los años previos a la crisis financiera, en gran medida debido, al igual que en España, a la burbuja inmobiliaria.
Su crecimiento del PIB pasó del 5,6% en 2007 a una tasa negativa del 3,5% al año siguiente mientras el valor de las casas ha caído entre un 50-60% desde que comenzó la crisis.
A cambio de los préstamos de la Unión Europea y el FMI, los países rescatados se comprometen a realizar duros ajustes. En el caso de Irlanda, antes de la ayuda externa, el país ya había anunciado recortes de gasto y aumentos de impuestos para ahorrar 15.000 millones de euros.
Tras la solicitud del rescate, el país puso en marcha otro duro ajuste para ahorrar 15.000 millones hasta 2014. En él se incluyeron medidas como el despido de unos 24.000 funcionarios, la subida del IVA al 23%, desde el 21% anterior, la rebaja del salario mínimo o el incremento de la edad de jubilación progresivamente desde 2014.
En Portugal, vecino de España, los ajustes siguen en marcha y han provocado que tanto la educación como la sanidad estén en los límites del acceso público y cubiertos por el Estado.
El problema de Portugal para tener que acabar recurriendo a la ayuda financiera internacional ha sido su incapacidad para reducir el elevado déficit, a pesar de que en un año el gobierno de Lisboa ha aplicado tres planes de ajuste y se disponía a aprobar el cuarto.
Portugal va a recibir 80.000 millones de euros durante los próximos tres años a cambio de implementar un riguroso plan de ajuste, que incluye la privatización de empresas públicas y las reformas laborales para facilitar el despido.
El cuarto Plan de Estabilidad y Crecimiento (PEC IV) -rechazado por el Parlamento en marzo- será el esqueleto que sirva de base para el nuevo paquete de austeridad. En este plan se incluía ya la rebaja de un 5% para las pensiones superiores a 1.500 euros mensuales, una medida que desde el 1 de enero se aplica a los sueldos de mismo valor de los funcionarios públicos, que podrán perder también las pagas extraordinarias.
A lo largo de este último año, el gobierno de Lisboa ya ha implementado medidas de austeridad, recomendadas por Bruselas y el FMI, y similares a las aplicadas en Grecia e Irlanda después de ser rescatadas, con el objetivo de evitar a toda costa la ayuda. Por ello, los socialistas aumentaron el IVA del 21 al 23% el año pasado y subieron un 1% el IRS -similar al IRPF español-.
Faltará conocer en los próximos días o semanas cuáles son las políticas de rigor presupuestario que Rajoy adoptará para sacar a España de la crisis conservando el Estado del bienestar y la protección social que beneficia a millones de ciudadanos.
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