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La Fiscalía Provincial de Madrid solicita nueve años de prisión para el bailaor Rafael Amargo por un delito contra la salud pública, a quien acusa de vender en su propio domicilio sustancias estupefacientes a terceras personas de manera "persistente" a cambio de dinero. El representante del Ministerio Público solicita la misma pena para Juan Eduardo S.B. asistente de producción de Amargo, porque actuaba de forma "conjunta" con el otro acusado en la compra y posterior distribución de dichas sustancias, han informado este lunes fuentes fiscales.
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El escrito de acusación sostiene que, durante los meses de abril y diciembre de 2020, ambos "se venían dedicando de manera concertada y persistente a la distribución de sustancias estupefacientes, entre otras metanfetamina, a terceras personas a cambio de dinero". A tal fin, los dos acusados adquirían la sustancia de manera "conjunta" a los distintos suministradores, para posteriormente repartirla entre ambos y venderla a terceras personas. Así, el bailarín supuestamente vendía las sustancias estupefacientes a las personas que acudían a su domicilio de Madrid y en otras "hacía llegar la sustancia al lugar donde el cliente indicaba para lo cual se valía de su hombre de confianza, el también acusado Manuel Ángel B.L., otro de los socios de Amargo, a sabiendas de lo que portaba, después de hacer la entrega correspondiente, regresaba al domicilio para entregarle el dinero obtenido con la venta".
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A raíz de los dispositivos de vigilancia que se establecieron sobre su domicilio, los policías nacionales pudieron observar "cómo acudían numerosas personas que, tras acceder al mismo y permanecer en el interior escasos minutos, salían nuevamente de manera apresurada, procediendo los agentes a identificar a dos de ellas, interviniendo sustancia estupefaciente que se había adquirido en dicho domicilio, levantándose las correspondientes actas de aprehensión". Por un auto dictado el 1 de diciembre de 2020 por el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid se autorizó la entrada y registro en los domicilios de los acusados.
Cerrada la causa, a la espera que se fije día de juicio
El juez de Instrucción número 48 de Madrid concluyó el noviembre la investigación penal contra Amargo, contra su mujer y dos de sus socios detenidos hace un año al considerar que "hay suficientes indicios" para enjuiciarles por un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y pertenencia a grupo criminal. Está a la espera de fijar día de juicio tras recibir los escritos del Ministerio Fiscal y de las acusaciones particulares. En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, el instructor Juan Ramón Reig, acuerda transformar las diligencias contra Rafael G.H., Luciana D. M.B., Juan Eduardo S.B. y Manuel Ángel B.A. en un procedimiento abreviado para iniciar los trámites para que el caso sea juzgado por la Audiencia Provincial de Madrid.
Rafael Amargo fue detenido el 1 de diciembre de 2020 en el marco de la operación Codax. Tras declarar ante el juez y en contra de la petición del fiscal de que ingresaran en prisión, quedaron en libertad con la imposición de medidas cautelares, con la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir cada quince días al juzgado. Amargo y los otros detenidos negaron los hechos de los que se les acusa. En el auto, el magistrado instructor recoge que los investigados en la causa "actuaban de común acuerdo en la recepción, preparación y distribución de sustancias estupefacientes, en especial metanfetamina, a terceros". Y sitúa el desarrollo de la actividad "en la vivienda que Rafael G.H. compartía con Luciana D.M.B.".
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