Este mes de julio está siendo un tanto agridulce para el productor cinematográfico Andrés Vicente Gómez. El viudo de Concha García Campoy recuerda seguro más que nunca estos días a la periodista, que falleció el 10 de julio de 2013 a consecuencia de la leucemia que padecía. Para marcar este aniversario y rendirle homenaje, la Academia de Televisión ha creado el premio Concha García Campoy, que reconocerá el trabajo periodístico “en base al rigor, al compromiso y a la ética en televisión, radio o prensa”, tres medios en los que ella desarrolló su profesión.
El jurado de este galardón estará conformado por profesionales como Luis del Olmo, familiares como su hijo, Lorenzo Díaz García Campoy, y su viudo, Andrés Vicente Gómez. Se ha invitado a participar además a algunos de sus más cercanos amigos como Olga Viza, Ángeles Caso, Elena Sánchez y María Escario. Una bonita manera de recordarla y reconocer su gran labor en el periodismo español.
Sin embargo, no todo son noticias amables para Gómez, exadministrador de Lola Films, ya que ha transcendido, según EFE, que la fiscalía ha pedido para él cinco años de prisión por haberse apropiado de 270.687 euros que supuestamente pertenecían a una empresa que había absorbido su sociedad. El juicio contra el productor ha comenzado esta semana en la Audiencia de Barcelona.
Andrés Vicente Gómez, productor de películas como Jamón, jamón de Bigas Luna, El Día de la Bestia y La Comunidad de Álex de la Iglesia o de Belle Époque de Fernando Trueba (Oscar en 1992), fue hasta 2007 administrador único de la productora Lola Films, que en ese año se escindió en dos sociedades: una matriz, Lola Films 2002, que absorbió la compañía que lideraba Vicente Gómez con dos de sus títulos cinematográficos, y Lola Films Internacional, controlada por el productor y que se quedó con los derechos de sus películas.
En 2008, una sentencia de la Audiencia de Barcelona ordenó pagar a Lola Films 270.687 euros que, según la Fiscalía, correspondían a subvenciones del Ministerio de Cultura que estaban bloqueadas a raíz de una demanda por derechos intelectuales que la productora finalmente ganó. Según el ministerio público, Vicente Gómez encargó a la procuradora y a un empleado suyo que cobraran en metálico esa cantidad, que se hizo efectiva un 24 de diciembre de 2008, a sabiendas de que no era a él a quien pertenecían los 270.687 euros sino a quienes habían comprado su productora.
Según informa EFE, en su declaración en el juicio, Gómez defendió que esa suma, que ingresó en la sociedad Lola Films Internacional que administraba, era para su compañía porque procedían de un pleito del que él se había "hecho cargo" y que había ganado, relacionado con los derechos de las películas de que es titular. No piensan lo mismo los administradores de Lola Films 2002, que llevaron a Vicente Gómez a los tribunales a raíz de una querella en la que le acusaban de quedarse con 270.687 euros que, según ellos, les correspondían.
José Ramón Carabante, directivo de Lola Films 2002 que declaró como testigo, explicó que cuando absorbió la compañía de Vicente Gómez no tenía "ni idea" del pleito que mantenía el productor, hasta que intentó cobrar subvenciones del Ministerio y se percató de que estaban embargadas. En el juicio declararon además la procuradora que, por orden del productor, cobró el dinero del pleito en efectivo, así como la subdirectora de la oficina bancaria que lo pagó, quienes han coincidido en calificar de "excepcional" que una suma de tal magnitud se perciba en metálico.
